Payan declaró que los actos violentos dañaron bienes comunes, atacaron la alcaldía, una comisaría y a las fuerzas del orden, además de poner en peligro a comerciantes, bomberos y jóvenes.

“La República no puede quedar en manos de hordas y bandas de vándalos”, afirmó, al tiempo que rechazó que los responsables de los disturbios se confundan con quienes protestan pacíficamente por reivindicaciones legítimas.

Además, insistió en que el Estado de derecho debe garantizar simultáneamente las libertades fundamentales y la seguridad de las personas.

“El orden forma parte del Estado de derecho, y el derecho a manifestarse también”, recordó, al denunciar que ambos principios quedaron comprometidos durante los acontecimientos.

Payan cuestionó la actuación de las fuerzas del orden y reclamó explicaciones sobre las instrucciones recibidas. Querría saber si se les había pedido concentrarse en los manifestantes mientras, a escasa distancia, se producían saqueos y escenas de violencia urbana, acotó.

Sin cuestionar la labor de los policías y gendarmes, exigió esclarecer por qué los medios desplegados no impidieron los ataques y reclamó garantías para que hechos similares no vuelvan a repetirse.

El regidor también responsabilizó al Gobierno de alimentar una sociedad cada vez más dividida, en la que las reivindicaciones sociales corren el riesgo de quedar ocultas tras los episodios de violencia.

Advirtió contra quienes aprovechan los disturbios para presentar como delincuentes a todos los manifestantes y silenciar las demandas de los estudiantes. “Se tiene derecho a exigir condiciones dignas en el instituto sin recibir una granada”, sostuvo, en referencia a las intervenciones policiales.

Para Payan, los jóvenes deben poder reclamar mejores condiciones educativas y ejercer su derecho a la protesta sin sufrir violencia, mientras los responsables de los ataques deben responder por sus actos.

La respuesta política, insistió, no puede reducirse a la represión ni a la estigmatización de un movimiento social.

Finalmente, Payan reclamó una reunión con el primer ministro Sébastien Lecornu y exigió explicaciones al ministro del Interior, Laurent Nuñez, con quien anunció que abordaría los acontecimientos y la responsabilidad del Estado.

Uno de sus principales reproches se dirigió a la desaparición de la Prefectura de Policía de Marsella, decisión que, recordó, antiguos ministros del Interior también criticaron y calificaron de grave error.

El alcalde advirtió que la ciudad perdió capacidad de coordinación policial y sostuvo que los hechos recientes evidencian las consecuencias de aquella reorganización.

También reclamó recursos para reparar daños, indemnizar a comerciantes y reforzar la seguridad, en un contexto en el que las administraciones locales afrontan recortes presupuestarios mientras deben asumir tareas que corresponden al Estado, denunció.

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