Denominada Backbone, la iniciativa contempla el cumplimiento de 23 órdenes de prisión preventiva y 24 de registro e incautación, emitidas por el Supremo Tribunal Federal (STF).

Hasta las 09:15, hora local, las autoridades habían detenido a 19 personas, informó la Agencia Brasil.

Dicha investigación apunta a la explotación ilegal de servicios de telecomunicaciones en los complejos de Alemão, Penha y Chapadão, situados en la zona norte de la urbe carioca.

Allí, integrantes de la organización criminal habrían obligado a residentes y comerciantes a contratar proveedores controlados por la facción.

Según la Policía Federal, los sospechosos recurrían a hombres armados para cortar cables, incendiar cajas de distribución de empresas competidoras e impedir las reparaciones de las redes, con el objetivo de eliminar la competencia y controlar el mercado local.

Las pesquisas indican que esa actividad se convirtió en una fuente importante de ingresos para el grupo.

En el complejo de Penha, los cobros por el servicio de Internet representaron más del 40 por ciento de la recaudación total de la organización durante un solo mes, precisó la entidad uniformada.

También, las autoridades investigan un presunto esquema de lavado de dinero procedente de esa actividad ilícita mediante productoras de eventos, empresas de publicidad, inmuebles de lujo pagados en efectivo y operaciones con criptoactivos.

Además de Río de Janeiro, los mandatos judiciales se ejecutan en los municipios de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Teresópolis, Maricá y Magé.

Parte de las órdenes de prisión se cumple dentro del sistema penitenciario, incluida una unidad federal donde permanece detenido uno de los presuntos líderes del grupo.

La Justicia determinó igualmente el bloqueo de bienes y valores de 40 personas y 42 empresas por un monto total de 558 millones de reales (111,6 millones de dólares).

Ordenó, además, suspender las actividades económicas de las compañías investigadas, entre ellas proveedores de Internet, productoras de eventos, una empresa de contabilidad y sociedades presuntamente utilizadas como fachada.

Los sospechosos podrían responder por delitos como dominio social estructurado, extorsión agravada, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, interrupción de servicios telemáticos, prestación clandestina de telecomunicaciones y lavado de dinero.

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