El proceso puede determinar el futuro de una de las principales plantas industriales del país, aseguró el medio italiano Rainews.

La audiencia ante las Secciones Unidas Civiles revisa el decreto de la Corte de Apelación de Milán, emitido el 27 de julio, que dispuso el cierre del área de producción en caliente en un plazo de 90 días.

Los jueces milaneses rechazaron posteriormente dos solicitudes de suspensión de esa medida.

Durante la vista, el abogado general de la Casación, Luigi Birritteri, defendió la necesidad de equilibrar la protección sanitaria con la continuidad de la actividad industrial y cuestionó que la resolución recurrida demostrara suficientemente los riesgos invocados.

La controversia se relaciona, entre otros aspectos, con la presencia de amianto en componentes de los altos hornos y con los posibles efectos de las partículas contaminantes sobre la salud de la población.

Los recursos fueron presentados por las sociedades vinculadas a la propiedad y gestión de la planta, entre ellas Ilva y Acciaierie d’Italia, que cuestionan los fundamentos jurídicos y técnicos de la orden de paralización.

La resolución tiene especial trascendencia para Taranto, en la región de Apulia, donde la siderúrgica constituye una de las principales fuentes de empleo y actividad económica. La planta cuenta con unos ocho mil trabajadores directos y sostiene una amplia red de empresas contratistas.

El cese eventual de la producción también podría repercutir en otras instalaciones siderúrgicas italianas, como la de Cornigliano, en Génova, cuya actividad depende del suministro de productos semielaborados procedentes de Taranto.

Medios de prensa refieren que el conflicto judicial coincide con las negociaciones sobre el futuro industrial de la empresa y las medidas de protección laboral. Una nueva solicitud de suspensión temporal del trabajo podría afectar a ocho mil 622 empleados del grupo.

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