Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización opositora, afirmó que los registros de la FP contabilizan mil 152 fallecimientos entre 2020 y octubre de 2026 en hechos reportados como intercambios de disparos o acciones legales.
Según las cifras presentadas por Reynoso, en 2021 se registraron 76 decesos de ese tipo, 139 en 2022, 226 en 2024 y 214 en 2025, mientras que en lo que va de 2026 la cifra ronda los 236 casos. La información divulgada no incluyó datos correspondientes a 2023.
La dirigente criticó la política de mano dura impulsada por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sostuvo que resulta contradictoria con las afirmaciones oficiales sobre la reducción de la delincuencia durante los últimos seis años.
Reynoso reconoció que los agentes policiales tienen derecho a proteger su vida y la de los ciudadanos ante amenazas reales, pero advirtió que el uso de la fuerza letal debe respetar los principios de legalidad y proporcionalidad, así como el debido proceso.
En ese sentido, reclamó investigaciones sobre las muertes ocurridas durante los operativos policiales y pidió reforzar la capacitación y el equipamiento de los agentes.
La representante opositora también cuestionó las estadísticas oficiales de homicidios. Indicó que, mientras el Gobierno sitúa la tasa en 7,36 por cada 100 mil habitantes, los cálculos de su organización arrojan una estimación anualizada de 11,8.
Asimismo, alertó sobre 53 mil 877 órdenes de arresto pendientes, cifra que atribuyó a datos de la Policía Nacional.
De acuerdo con su exposición, 17 mil 635 corresponden a casos de violencia intrafamiliar, 11 mil 587 a robos, cuatro mil 18 a agresiones sexuales y dos mil 681 a asesinatos.
La Fuerza del Pueblo exigió rendición de cuentas sobre los recursos destinados a los planes de seguridad ciudadana ejecutados a partir de 2020 y respaldó la propuesta de diálogo nacional formulada por su presidente, Leonel Fernández.
Como alternativa, defendió una estrategia integral que priorice la prevención, la investigación criminal, el uso de tecnología y la coordinación entre las instituciones, con apego a los derechos fundamentales.
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