El proyecto recibió 144 votos favorables durante el segundo debate parlamentario y modifica la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, vigente desde 2023, así como disposiciones del Código Orgánico Integral Penal.

El texto será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.

Las nuevas penas por trata de personas irán de 19 a 22 años de prisión para el tipo básico, de 22 a 26 años cuando concurran circunstancias de vulnerabilidad o una relación de dependencia o autoridad, y de 26 a 30 años si el delito provoca daños físicos o psicológicos graves.

Cuando la víctima muera, la condena podrá alcanzar los 35 años.

La reforma incorpora también la servidumbre de la gleba como una forma de explotación en la que los trabajadores quedan sometidos a condiciones de dependencia y subordinación vinculadas a la tierra o a quienes la controlan.

Asimismo, establece que cuando las víctimas de trata sean menores de edad, no será necesario demostrar amenazas, violencia o engaño para configurar el delito.

La iniciativa cobró impulso tras una sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el caso Furukawa, en la que se determinó que trabajadores de haciendas de esa empresa extranjera fueron sometidos a una práctica análoga a la esclavitud.

Otra modificación incorpora al Código Penal el matrimonio forzoso y la unión de hecho forzada como delitos autónomos, al tiempo que amplía las herramientas para para investigar las ganancias obtenidas mediante la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

La normativa contó con el apoyo de legisladores del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), así como del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano, Pachakutik e independientes.

La legisladora Paola Cabezas, de la RC, destacó el trabajo conjunto para elaborar la reforma, pero señaló que persisten problemas de control laboral en sectores vulnerables, como las plantaciones, el servicio doméstico y la minería.

Cabezas sostuvo que algunas familias víctimas del caso Furukawa continúan esperando reparación por los abusos cometidos.

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