El mandatario se refirió así en redes sociales a la exigencia del senador del Partido Liberal (PL), quien condicionó la apertura de sus propios registros bancarios y telefónicos a que Lula autorizara divulgar información de su asesor Marco Aurélio Santana Ribeiro, del Instituto Lula y de gastos de la Presidencia.

La respuesta fue difundida después de que la campaña del jefe de Estado confirmara que aceptaba las condiciones adicionales.

Según medios de prensa, incluidos los portales Brasil 247 y UOL, y la Agencia Brasil, los representantes jurídicos de Lula prevén acudir mañana al Tribunal Superior Electoral (TSE) para formalizar la autorización.

“De todas las condiciones que él (Flávio Bolsonaro) puso, el presidente no se opone absolutamente a ninguna, siempre que él cumpla también lo que el presidente presentó ante el TSE”, precisó el coordinador político de la campaña de Lula, Camilo Santana.

Entre las exigencias del senador figuran la apertura de los registros telefónicos de Ribeiro, exjefe de Gabinete del presidente, datos sobre el uso de la tarjeta corporativa de la Presidencia y los gastos vinculados a la primera dama, Rosangela da Silva, conocida como Janja.

Flávio Bolsonaro también pidió divulgar registros de visitantes del Palacio de la Alvorada, residencia oficial del mandatario, y datos relacionados con gastos y actividades del entorno presidencial.

La controversia comenzó durante el debate presidencial del último 18 de octubre, cuando Lula desafió a su adversario a autorizar la apertura de sus secretos bancarios y telefónicos, después de que ambos intercambiaran acusaciones sobre patrimonio y presuntas irregularidades.

Dos días más adelante, el presidente presentó ante la Justicia Electoral una autorización para levantar sus datos de dicho tipo, así como los de Janja y sus cinco hijos, correspondientes a los últimos ocho años.

Tal propuesta quedó condicionada a que Flávio Bolsonaro hiciera lo mismo con sus propios registros y los de sus familiares.

El documento presentado por la defensa de Lula contempla también empresas vinculadas a los candidatos.

Por su parte, la solicitud del senador plantea abrir sus registros bancarios, fiscales y telefónicos de los últimos 20 años, además de los de familiares y empresas relacionadas con él.

La divulgación efectiva de esos datos dependerá de las autorizaciones correspondientes y de los procedimientos que determine la Justicia Electoral.

Informaciones de prensa expusieron que la entrega de documentos no implica, por sí sola, que el TSE realice una investigación patrimonial general sobre los candidatos, quienes disputarán la segunda vuelta de los comicios presidenciales el próximo 25 de octubre.

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