En una declaración oficial de la Junta Directiva Nacional la organización expresó su” firme e incondicional rechazo” a la manipulación judicial extranjera y la orden de captura imputada al líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro, por tribunales de Florida, Estados Unidos.

El texto respaldó de “manera irrestricta” al liderazgo histórico de la Revolución a Raúl y al Gobierno cubano, presidido por Miguel Díaz-Canel, y condenó el uso del “derecho procesal internacional” como herramienta de guerra geopolítica y chantaje.

Subrayó que la pretendida imputación “no es más que una espuria maniobra de persecución política”, carente de todo fundamento en el Derecho Internacional y motivada por el odio visceral de sectores extremistas que buscan doblegar la soberanía e independencia de la patria que los vio nacer.

La Accreven recordó la verdad histórica sobre los hechos acontecidos en febrero de 1996 cunado aeronaves de la organización radical Hermanos al Rescate volaban sobre las aguas jurisdiccionales cubanas en abierta violación del espacio aéreo nacional, bajo supuestas misiones humanitarias.

Remarcó que aquellos hechos fueron “intencionalmente distorsionados por la maquinaria mediática imperialista”, al tratarse de incursiones sistemáticas, ilegales y provocadoras que “violaban de manera flagrante” el espacio aéreo soberano de Cuba.

Estos vuelos ilegales, apuntó, llegaron a sobrevolar zonas de máxima seguridad en La Habana para lanzar propaganda hostil.

La organización solidaria expresó que el Gobierno cubano agotó lodos los canales diplomáticos y preventivos, con la emisión de oportunas y sucesivas advertencias al Gobierno de Estados Unidos y a organismos de la Aviación Civil Internacional.

Señaló que las advertencias fueron ignoradas deliberadamente con el objetivo de “forzar una crisis” y previamente se alertó que no se tolerarán más violaciones a la soberanía marítima y aérea nacionales.

Los cubanos residentes en Venezuela afirmaron que el derribo de las avionetas se produjo en estricto cumplimiento del derecho inalienable de toda nación soberana de proteger sus fronteras territoriales y garantizar la seguridad del Estado ante agresiones de piratería aérea.

Calificaron de “inaceptable y profundamente hipócrita” que el sistema judicial norteamericano pretenda erigirse en juez sobre la actuación de “nuestros líderes”, mientras alberga, protege y otorga impunidad a los verdaderos criminales y terroristas que bañaron de sangre al pueblo cubano.

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