Según una investigación publicada por el portal Metrópoles y reproducida por Brasil 247, los pagos equivalentes a 6,6 millones de dólares, fueron realizados por el V3 Fondo de Inversión en Derechos Crediticios Multicartera, una estructura financiera cerrada con un único inversor, clasificado como no residente por la Comisión de Valores Mobiliarios.

El despacho Bucchianeri Advocacia emitió tres facturas el año pasado por los servicios, una de ellas superior a 29,4 millones de reales (5,9 millones de dólares).

Los documentos describen los conceptos únicamente como honorarios de abogados, sin detallar las actividades que justificaron las cantidades.

Dicha investigación periodística tampoco encontró referencias públicas al bufete entre los prestadores de servicios jurídicos identificados en el reglamento del fondo ni escritos firmados por la firma en dos procesos judiciales públicos relacionados con esa estructura financiera.

Brasil 247 apuntó, no obstante, que la ausencia de esos registros no demuestra por sí misma irregularidades, pues los servicios legales pueden desarrollarse en procedimientos privados o sujetos a confidencialidad.

Consultada por Metrópoles, Bucchianeri defendió la legalidad de los pagos y aseguró que correspondieron a servicios profesionales efectivamente prestados, de carácter privado, por los cuales cumplió sus obligaciones tributarias.

También argumentó que la falta de referencias a su despacho en documentos públicos no constituye un indicio irregular, dado el carácter privado del fondo y la confidencialidad de buena parte de sus operaciones.

Bucchianeri fue ministra sustituta del Tribunal Superior Electoral entre 2021 y 2023, tras ser designada durante el Gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio Bolsonaro.

La información divulgada también recoge otra operación financiera vinculada al despacho.

En junio de 2024, la firma emitió facturas por 27 millones de reales (5,4 millones de dólares) a la minera Itaminas, coincidiendo con la firma de la versión final del documento de adquisición de esa empresa por el banquero Daniel Vorcaro.

La abogada explicó en ese caso que los honorarios correspondían a servicios de litigio en Brasilia y asesoría jurídica y administrativa relacionados con la renegociación de una operación fiscal.

Precisó que su despacho mantiene relaciones profesionales con la familia Paz, vinculada a la minera, desde 2019.

Ambas operaciones alcanzan 60 millones de reales (12 millones de dólares) en facturas emitidas por el bufete.

La divulgación de estos pagos ocurre en la recta final de la campaña para la segunda vuelta presidencial brasileña, el próximo 25 de octubre, en un contexto de controversias sobre las relaciones financieras y empresariales del entorno de Flávio Bolsonaro.

lam/dsa