Mediante un mensaje en su perfil en la red social X, el ente investigativo describió seis diligencias de allanamiento, inspección y registro realizadas en inmuebles de Senahú, Santa Catalina La Tinta y el propio Panzós.
Explicó que esas acciones, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, tienen el objetivo de ubicar y rescatar a menores víctimas de explotación sexual o laboral.
Esos dos fenómenos son problemáticas extendidas en el país, vinculadas –según analistas- a factores socioeconómicos como la pobreza rural, la falta de cobertura educativa y las dinámicas en sectores como la agricultura, el comercio informal y el trabajo doméstico.
El MP, principalmente a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas (que incluye la modalidad de explotación laboral), ejecuta de manera regular operativos coordinados en comercios, coheterías, comedores, áreas agrícolas y talleres.
Las estadísticas institucionales como las de la Procuraduría General de la Nación (PGN) destacan de forma recurrente que Alta Verapaz, esta capital y Quetzaltenango suelen concentrar el mayor número de reportes e intervenciones por sospecha o confirmación de trabajo infantil.
El protocolo establecido para abordar la explotación laboral infantil comprende una ruta de denuncia y protección inmediata para niños, niñas y adolescentes en tan delicadas situaciones.
La PGN de Guatemala cerró el pasado año con 35 casos rescatados, lo cual –señalaron expertos- refleja la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos y tomar medidas más drásticas.
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