La dirigente pasó la primera noche en la prisión de la ciudad de Riobamba, en la provincia andina de Chimborazo, a donde fue trasladada anoche desde el Cuartel Modelo de la ciudad de Guayaquil, donde recibió la orden de prisión preventiva acusada de presunto lavado de activos.

El abogado Diego Guarderas, del equipo de la defensa, denunció ante un medio internacional inconsistencias en las cifras difundidas por la Fiscalía, que acusó a González de irregularidades en los fondos de la campaña presidencial de 2023.

Guarderas sostuvo que la detención de su defendida se produjo sin que se cumplieran las reglas de competencia judicial, argumentos que fueron expuestos ante el juez y desestimados.

La Fiscalía investiga un presunto delito de lavado de activos relacionado con el supuesto uso ilícito de 500 mil dólares en la campaña de hace tres años, cuando aspiró a la jefatura del Ejecutivo con Andrés Arauz como binomio, quien también es acusado en este caso, denominado Laberinto.

El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, divulgó un video donde expone esa hipótesis y la vincula con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también detenido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

“Ya no es el Cártel de Los Soles, Venezuela, bitcoins o el crimen organizado. Ahora ha sido una empresa legal de Aquiles Álvarez, pero como supuestamente ha traficado combustible, entonces Luisa González es culpable de lavado de dinero sucio. ¡Sinvergüenzas!”, comentó en X el expresidente Rafael Correa.

Tanto González como la RC rechazaron las acusaciones y aseguraron que existe una persecución política contra ella y el partido.

Guarderas también cuestionó lo que consideró un trato selectivo de las instituciones.

Mencionó inconsistencias por 408 mil dólares detectadas por el organismo electoral en la campaña del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), sin que se haya iniciado una investigación previa o presentado una denuncia por ese asunto.

Por otro lado, la defensa pidió que González permaneciera en Quito, debido a la cercanía con su hijo menor de edad y su padre, quien padece una enfermedad renal, y aunque la petición fue aceptada por el juez, las autoridades decidieron llevara a Riobamba, fuera de la capital.

La detención de González causó un revuelo en el ámbito nacional, donde diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales se pronunciaron contra la aprehensión.

La titular de la RC, Gabriela Rivadeneira, consideró el hecho como parte de la persecución política contra el partido, suspendido temporalmente, y llamó a movilizaciones para exigir la libertad de su coidearia, a quien calificó de prisionera política.

Rivadeneira afirmó en una rueda de prensa que el Ejecutivo busca desviar la atención de los problemas reales que atraviesa el país mediante actuaciones judiciales contra sus adversarios.

“Quieren tapar la crisis energética, la crisis de salud, la crisis educativa, la crisis de inseguridad”, aseveró y añadió que el Gobierno recurre a “shows mediáticos” a pocas semanas de los comicios locales.

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