El magistrado a cargo acogió el pedido de la Fiscalía, que acusa a la dirigente del movimiento opositor de permitir el ingreso de recursos de origen ilícito al financiamiento de la campaña presidencial de 2023.

Durante la audiencia, que se instaló cerca de la medianoche de este viernes, la excandidata rechazó los argumentos sobre un supuesto riesgo de fuga, en particular la referencia a sus 60 viajes al exterior, y se catalogó como una “perseguida política”.

En un audio difundido en su cuenta de la red social X, se escucha la dirigente opositora afirmar que esos desplazamientos fuera del territorio nacional corresponden a más de una década y que regresó al país después de cada viaje.

Explicó que su hijo estudia en Quito y que por motivos laborales y familiares se traslada entre esa ciudad y el cantón Chone, localidad rural en la provincia costera de Manabí, donde fue detenida.

También recordó que regresó a Ecuador en varias ocasiones después de un primer allanamiento a su domicilio en enero de este año.

González, que disputó la jefatura del Ejecutivo en 2023 y 2025 frente al actual mandatario Daniel Noboa, afirmó que se defenderá ante la justicia y reiteró que se considera inocente pese a que enfrenta alrededor de 19 investigaciones fiscales.

Además de ella, el magistrado dictó la misma medida de prisión para Wendy Onofre y Santiago Díaz.

Este último ya está tras las rejas por el delito de violación de una menor, hija de

Estefanía Molina, también acusada en este caso Laberinto pero le fueron impuestas medidas alternativas, como presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.

La detención de González causó un revuelo en el ámbito nacional, donde diversas organizaciones políticas y sociales se pronunciaron contra la aprehensión.

La titular de la RC, Gabriela Rivadeneira, consideró el hecho como parte de la persecución política contra el partido, suspendido temporalmente, y llamó a movilizaciones para exigir la libertad de su coidearia, a quien calificó de prisionera política.

Rivadeneira afirmó la víspera en una rueda de prensa que el Ejecutivo busca desviar la atención de los problemas reales que atraviesa el país mediante actuaciones judiciales contra sus adversarios.

“Quieren tapar la crisis energética, la crisis de salud, la crisis educativa, la crisis de inseguridad”, aseveró y añadió que el Gobierno recurre a “shows mediáticos” a pocas semanas de los comicios locales.

La Fiscalía y el Gobierno informaron que la investigación busca esclarecer presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos de publicidad de la campaña presidencial de 2023.

Supuestamente, la RC habría utilizado personas jurídicas ligadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, actualmete detenido, para canalizar 500 mil dólares sin justificar el origen de los fondos.

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