En un comunicado, la organización instó a la comunidad internacional a intervenir para detener las acciones, que, según documentó, incluyen el cierre de accesos a la ciudad, el aislamiento de barrios, la demolición de viviendas y locales comerciales, la confiscación de vehículos, los desalojos forzosos y las detenciones.

El centro estimó que las medidas han provocado el desplazamiento de unos dos mil 500 palestinos y advirtió que algunos residentes recibieron información de que las restricciones podrían prolongarse hasta seis meses.

Un ataque armado causó el viernes la muerte de dos soldados israelíes cerca de la entrada norte de Hebrón. Según el ejército israelí, dos soldados murieron y otros tres resultaron heridos, mientras que los dos palestinos señalados como autores fueron abatidos.

Tras el incidente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el cierre de Hebrón y de la vecina localidad de Halhul, así como los preparativos para una operación militar de gran escala en la zona.

El ejército anunció hoy el comienzo de una operación, en coordinación con el Shin Bet, la Policía de Fronteras y la Administración Civil. Según su versión, las acciones incluyen registros domiciliarios, búsqueda de armas e interrogatorios a sospechosos, y podrían extenderse durante varios días.

El PCHR sostuvo que las acciones exceden la búsqueda de los responsables del tiroteo y afectan a personas sin relación con el incidente. La organización afirmó que utilizar el ataque para justificar desplazamientos, destrucción de propiedades y medidas punitivas contra la población constituye una violación de las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional humanitario.

También expresó preocupación por la aplicación simultánea de cierres, desalojos, demoliciones y confiscaciones en menos de 24 horas, al advertir que estas medidas podrían reproducirse en otras ciudades y localidades de Cisjordania.

El centro relacionó los acontecimientos con el aumento de las demoliciones de viviendas, el desplazamiento de comunidades palestinas, la expansión de los asentamientos israelíes y las restricciones a la libertad de movimiento en el territorio ocupado.

En ese contexto, instó a la comunidad internacional a presionar a Israel para que levante las órdenes de desalojo, permita el regreso de los residentes a sus hogares, reabra los accesos a Hebrón y detenga las demoliciones y confiscaciones. Asimismo, reclamó medidas para proteger a la población civil palestina y sus bienes.

La organización fundamentó su posición en la opinión consultiva emitida el 19 de julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia, que consideró ilegal la continuidad de la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados y señaló la obligación de ponerle fin, junto con las políticas relacionadas con los asentamientos y la anexión.

Israel ocupa Cisjordania, incluida Jerusalén Este, desde 1967. La comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes construidos en territorio palestino ocupado.

Desde octubre de 2023, Cisjordania ha registrado una intensificación de las operaciones militares israelíes y los ataques de colonos, además de mayores restricciones a la circulación palestina y un incremento de las demoliciones y la expansión de los asentamientos.

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