Durante un plantón frente a la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), donde sesiona el organismo regional del 26 al 30 de octubre, los manifestantes cuestionaron que se examinen situaciones de otros países sin atender, a su juicio, la realidad panameña.
El coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), Jorge Guzmán, reclamó que la CIDH preste mayor atención a las denuncias sobre el istmo.
En ese sentido, mencionó los procesos judiciales contra integrantes del gremio de la construcción, la detención de dirigentes sindicales y la separación de docentes de sus cargos, con la suspensión de sus salarios, por participar en manifestaciones populares.
Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, Golira Castillo, cuestionó que los temas propuestos por las organizaciones locales no figuren en la agenda de las sesiones.
Castillo indicó que en abril pasado solicitaron a la Comisión incluir asuntos de interés nacional, pero tampoco obtuvieron la posibilidad de celebrar una audiencia específica, pese a lo que calificó de graves vulneraciones de derechos, particularmente desde 2023, entre ellas las relacionadas con el derecho a huelga.
Asimismo, el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Yamir Córdoba, criticó que las sesiones se desarrollen mientras el dirigente sindical Ariel Rodríguez permanece en prisión desde hace más de 10 meses, según denunció, sin que se hayan demostrado cargos en su contra.
Córdoba también aludió a la situación de otros miembros del gremio, entre ellos Saúl Méndez, exsecretario general del Suntracs, y Erasmo Cerrud, quienes, de acuerdo con sus declaraciones, permanecen fuera de Panamá y este último se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua en la capital.
Ante denuncias argumentadas de la infiltración de agentes policiales en las agrupaciones, el dirigente sindical atribuyó la situación a una presunta connivencia entre el Ejecutivo y el sistema judicial, en contraste con el carácter democrático que reivindica el presidente José Raúl Mulino.
El 197 período de sesiones de la CIDH contempla 29 audiencias sobre asuntos como la independencia judicial, el acceso a la justicia, la democracia, las libertades fundamentales y la protección de poblaciones vulnerables. Esta es la segunda ocasión en que Panamá acoge un período de sesiones de la Comisión.
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