En una declaración difundida en redes sociales, la organización cuestionó el arresto de la dirigente de la Revolución Ciudadana (RC) a poco más de un mes de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre.
La AAJ sostuvo que la prisión preventiva debe responder a riesgos procesales concretos, como la fuga o la obstaculización de la investigación, y afirmó que González estuvo a disposición de la justicia desde un allanamiento realizado en enero de este año.
La entidad consideró que la medida puede operar como una pena anticipada y denunció el uso de investigaciones sin sentencia como instrumentos de exclusión electoral.
En su pronunciamiento, la Asociación describió una secuencia de decisiones contra organizaciones y figuras opositoras, entre ellas la suspensión temporal de la RC, la cancelación de otros partidos y el rechazo de la candidatura de González, actuaciones que restringen la competencia democrática.
La organización argumentó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos limita la restricción de los derechos políticos y prohíbe suspender, incluso durante estados de excepción, las garantías judiciales indispensables para protegerlos.
Por ello, anunció que pondrá los hechos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
También llamó a las misiones de observación electoral a evaluar las condiciones de competencia para los comicios del 29 de noviembre.
González fue detenida el 22 de octubre en el marco de una investigación por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023 de la RC.
La Fiscalía indaga el supuesto uso de fondos superiores a los 500 mil dólares procedentes de comercialización ilegal de hidrocarburos.
El presidente Daniel Noboa declaró este lunes en entrevista con la emisora Radio Sucre que, según los indicios de la investigación, existiría un posible vínculo de González con esas actividades.
De acuerdo con el mandatario, “se usó dinero del narcotráfico y del crimen organizado para financiar la oposición” a su Gobierno.
Por su parte, González difundió un comunicado en el que calificó de «absurda» la acusación por presunto lavado de activos y describió su detención como un «ataque a las libertades y persecución política».
Su defensa aseguró al canal Ecuavisa que no existen elementos suficientes que la vinculen con las presuntas operaciones de lavado de activos investigadas por la Fiscalía, y sostuvo que la causa presenta inconsistencias, así como una medida cautelar es desproporcionada.
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