Según trascendió tras una reunión del Consejo de Gabinete, se prevé que este programa se extienda hasta marzo de 2027.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, instruyó la construcción de mil 400 viviendas adicionales a las mil 300 cuya ejecución comenzó inicialmente, con el propósito de ofrecer una solución habitacional definitiva a quienes perdieron sus hogares tras el potente movimiento telúrico, sobre todo en la región central del país istmeño.

Mientras avanzan las obras, el Gobierno instalará estructuras temporales junto a las viviendas en construcción, a fin de proporcionar mejores condiciones de alojamiento a las familias afectadas durante el proceso de reconstrucción, precisó el mandatario.

En conferencia de prensa, acompañado por ministros, representantes de los dos principales bancos estatales y el contralor general de la República, Anel Flores, el mandatario señaló que la intención es comenzar a entregar casas durante lo que resta de 2026 y concluir el programa en marzo del próximo año.

El número de viviendas previstas podrá aumentar a medida que continúen las inspecciones en las zonas afectadas y se determine la magnitud de los daños ocasionados por el terremoto.

Además de la construcción de nuevos hogares, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) brindará asistencia para reparar las casas que sufrieron daños parciales y que requieren intervenciones para recuperar condiciones adecuadas de habitabilidad.

Los trabajos se definirán de acuerdo con la evaluación técnica de cada inmueble, lo que permitirá establecer las reparaciones necesarias y los materiales que deberán utilizarse.

En el ámbito financiero, el jefe de Estado anunció que los fideicomisos constituidos por el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros para administrar recursos destinados a la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública podrán financiar también a los contratistas que participen en las obras.

Para poner en práctica esa disposición, comenzará a funcionar una mesa de trabajo integrada por representantes del Banco Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Miviot, encargada de coordinar los mecanismos correspondientes.

Por su parte, la Contraloría General de la República incorporará equipos adicionales de profesionales para agilizar los procedimientos y reforzar la fiscalización del uso de los fondos en las cuatro provincias más afectadas: Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

El gobernante insistió en que la ejecución del programa deberá garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y facilitar una respuesta oportuna a las necesidades de las comunidades damnificadas.

Asimismo, anunció que jóvenes de las zonas afectadas podrán incorporarse a las labores de reconstrucción mediante el programa Mi Primer Empleo, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con el objetivo de abrir oportunidades laborales durante la recuperación de las áreas perjudicadas.

Mulino reiteró que la vivienda constituye una prioridad para las familias que perdieron sus hogares y sostuvo que el Gobierno pondrá a disposición los recursos necesarios para avanzar en las obras.

«Las casas no se levantan con palabras, sino con mano de obra y materiales», afirmó el presidente al referirse a la necesidad de acelerar la construcción y atender a las comunidades afectadas.

El plan contempla, por tanto, tanto la reposición de las viviendas destruidas como la recuperación de inmuebles parcialmente dañados, en una estrategia que busca restablecer las condiciones de vida de la población perjudicada por el sismo.

La continuidad de las inspecciones y la evaluación de las necesidades habitacionales determinarán la posible ampliación de las obras en las provincias impactadas por el fenómeno natural.

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