En una carta pública titulada “Activar todas las alertas democráticas y la organización de la sociedad contra el autoritarismo”, los firmantes cuestionaron actuaciones del Gobierno de Daniel Noboa frente a la oposición política, la independencia judicial, la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

En el pronunciamiento, que circula en redes sociales, los académicos describieron el escenario ecuatoriano como “autoritario-dictatorial” y denunciaron una concentración del poder y un debilitamiento de las garantías democráticas.

Entre los hechos que cuestionan figura el encarcelamiento de Luisa González, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, que consideran una muestra del agravamiento de la situación política, así como las actuaciones contra otras figuras de oposición, entre ellas el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

“Si quedaba alguna duda de la falta de independencia del poder judicial, esta semana altos funcionarios gubernamentales dejaron claro que ellos controlan y toman la voz de Jueces y Fiscales cuando así lo demandan sus cálculos políticos”, sostiene la carta.

El texto también denuncia restricciones a la participación ciudadana, suspensiones de organizaciones políticas, bloqueos de cuentas, descalificaciones de candidaturas, intimidación a periodistas y acciones contra organizaciones sociales.

Los firmantes mencionaron, además, la multa impuesta al colectivo Yasunidos, la negativa de registro de la directiva de la organización indígena Ecuarunari, ataques contra académicos y estudiantes críticos, y el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes.

“Se trata del despliegue sistemático de un poder abusivo sobre las garantías democráticas de la sociedad. Ecuador vive bajo un régimen autoritario-dictatorial”, afirmaron.

Los académicos también alertaron sobre las condiciones de las elecciones locales previstas para el venidero 29 noviembre de 2026 y recordaron que, en agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado ecuatoriano a garantizar el pluralismo, la igualdad de participación y las garantías judiciales.

Ante ese panorama, convocaron a organizaciones políticas, movimientos populares, sectores empresariales, iglesias, medios de comunicación, periodistas independientes y ciudadanía a impulsar acciones conjuntas en defensa de las instituciones.

“El gobierno debe saber que Ecuador no es una sociedad sometida ni resignada”, advirtieron.

La carta cuenta con el respaldo de integrantes de centros de altos estudios públicos y privados, entre ellos la Universidad Central del Ecuador, FLACSO Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Cuenca.

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