González, militante de la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora de Ecuador, permanece recluida en la cárcel de Riobamba, provincia andina de Chimborazo, desde el pasado viernes, tras ser detenida durante la madrugada del jueves.

El abogado argumentó que su clienta no representa riesgo de fuga y cuenta con arraigo laboral, social y familiar en el país.

Guarderas afirmó que la investigación del denominado caso Laberinto no demuestra que la excandidata presidencial conociera un supuesto origen ilícito de los fondos de la campaña de 2023 y cuestionó que se le atribuya responsabilidad por actuaciones de terceros.

“No existe responsabilidad solidaria en materia penal, el principio básico es que una persona responda por el hecho propio. Durante la investigación no existe un solo elemento que demuestre que Luisa González ha querido beneficiarse conociendo de un supuesto origen ilícito de los fondos”, declaró el abogado este miércoles a la emisora local MQ Radio.

El defensor explicó que el caso está relacionado con inconsistencias de aproximadamente seis mil 400 dólares en las cuentas de la campaña presidencial de 2023, que González disputó frente al actual mandatario, Daniel Noboa.

No obstante, la Fiscalía investiga una presunta estructura delictiva que habría inyectado más de 500 mil dólares de origen ilícito en la campaña de la RC.

Según Guarderas, las indagaciones comenzaron con señalamientos sobre un supuesto financiamiento electoral irregular y posteriormente derivaron en una investigación por lavado de activos, a partir de información obtenida de un teléfono vinculado con un colaborador del caso Triple A.

El abogado sostuvo que los mensajes supuestamente relacionados con aportes a la campaña no demuestran que González conociera esas operaciones y argumentó que ella, como candidata presidencial, no tenía a su cargo la gestión de esos recursos.

Guarderas calificó a la dirigente como un símbolo de la persecución política y afirmó que su defensa busca evitar que situaciones similares afecten a otras personas.

“Ella se ha convertido en un símbolo emblemático de la persecución política, una mártir en este tortuoso procedimiento que le han aplicado para callar su voz como principal voz opositora del país”, subrayó el jurista.

mem/avr