El medio señala que entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre, solo cinco jornadas transcurrieron sin fallecimientos de este tipo.

De acuerdo con el registro, el 25 de septiembre fue la fecha más letal de ese mes, con siete decesos, mientras que en octubre se repitió el saldo de tres muertes diarias en 10 días.

El nuevo balance reaviva el debate sobre los procedimientos de la Policía Nacional y los límites del uso de la fuerza en la persecución del delito, una cuestión que ha ocupado la atención de organizaciones sociales, juristas y dirigentes políticos.

Cincuenta y cinco personas murieron durante septiembre en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales, cifra equivalente al 44 por ciento de los 125 homicidios registrados ese mes, según estadísticas oficiales.

En ese contexto, el Instituto Dominicano de Derecho Penal reclamó investigaciones independientes sobre cada caso y pidió al presidente Luis Abinader que dispusiera un «alto al fuego» ante las muertes durante operativos.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) también advirtió que la lucha contra la criminalidad no puede justificar ejecuciones extrajudiciales y recordó que el uso de la fuerza letal debe responder a criterios de legalidad y proporcionalidad.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, cuestionó que la privación de la vida pueda convertirse en sustituto de una condena judicial, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que llevaría denuncias sobre estos hechos ante organismos internacionales.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que los denominados intercambios de disparos no constituyen una política de Estado y que las actuaciones de los agentes deben ser revisadas por los órganos internos correspondientes. No obstante, las autoridades han defendido que los uniformados responden a agresiones durante numerosos operativos.

El debate también se refleja en la percepción ciudadana. Una encuesta de la firma ACD Media, divulgada el 19 de octubre, indicó que el 67,8 por ciento de los consultados rechazaba los procedimientos asociados al uso excesivo de la fuerza y las muertes durante intervenciones policiales, frente al 28,9 por ciento que los respaldaba.

Las cifras divulgadas por Diario Libre incorporan una nueva alerta sobre la frecuencia de estos acontecimientos y la necesidad de esclarecer las circunstancias en que se producen, determinar eventuales responsabilidades y garantizar el respeto al derecho a la vida.

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