El 29 de septiembre último la presidenta encargada Delcy Rodríguez propuso la modificación de esta normativa, que fuera aprobada en 2017 en un contexto de violencia promovida por sectores extremistas de la oposición que derivó en muertes y destrucción.

En carta enviada al titular del parlamento Jorge Rodríguez, un día antes de esa fecha, la gobernante explicó los motivos de su petición, ente ellos el de “avanzar en la despenalización de los tipos penales» previstos en esta norma y corregir desviaciones en su aplicación.

Se trata de abrir nuevos espacios para el reencuentro entre venezolanos y “promover la tolerancia a la diversidad” en pleno respeto a la diversidad, indicó.

Busca también la despenalización de las conductas previstas en el mencionado instrumento normativo, como parte de las acciones adoptadas por el Gobierno para “transformar el sistema de justicia penal” del país.

La iniciativa presidencial, a petición de Rodríguez, fue tratada con carácter de urgencia parlamentaria, por lo que fue creada una comisión especial integrada por 11 miembros, de los cuales tres representan a los fragmentos de las bancadas opositoras en la Asamblea Nacional.

Como parte de los trabajos de la mencionada comisión, fueron revisados los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 entre otros de la ley, vinculados a la despenalización, además de evaluarse la posibilidad de cambiar su nombre, para hacerla más propositiva, en lo positivo, al decir del presidente del grupo, diputado Pedro Infante.

Las propuestas de reforma incluyen eliminar los años de prisión, de 10 a 20 años, para quienes difundan mensajes de odio y establecer multas en bolívares (moneda local) equivalentes entre 500 y 10 mil veces al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, divulgó en octubre el periódico Últimas Noticias.

Según el medio periodístico, se les aplicarán estas multas a quienes promuevan discursos de odio, mensajes de guerra y discriminatorios, practiquen el hostigamiento y publiquen o difundan mensajes de violencia.

De conformidad con el artículo tercero de la Ley Constitucional, que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley contra el Odio fue remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para su evaluación, instancia que la avaló mediante sentencia.

La propuesta de modificación generó controversia en sectores sociales, en los que unos apostaron por su derogación total o su continuación sin modificar, opiniones consideradas como extremas por Infante, quien opinó que el reto es construir una norma que garantice el consenso de la sociedad venezolana.

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