Así lo expresó la representante uruguaya ante la ONU, Laura Dupuy, en reunión sostenida en la Asamblea General del organismo mundial que consideró la situación de la Corte y discutió la elección de cinco miembros del tribunal internacional.

El foro tuvo lugar en medio de la campaña del gobierno de Estados Unidos contra la CPI, que incluye penalizaciones a 17 de sus jueces y funcionarios, entre otras represalias.

Sobre todo luego que la Corte ordenara en noviembre de 2024 el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como de otros funcionarios israelíes, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

En la Asamblea General la embajadora uruguaya expresó la “profunda preocupación” del país “por el incremento de las amenazas, los actos de intimidación y las medidas coercitivas dirigidas contra la Corte, sus jueces, fiscales, funcionarios, abogados y quienes cooperan con ella”.

“Estas acciones constituyen una amenaza a la independencia de la Corte y al funcionamiento del sistema de justicia penal internacional”, remarcó. Uruguay llamó a “preservar la integridad del sistema de justicia penal internacional” y reiteró su “compromiso con la preservación de una Corte Penal Internacional independiente, imparcial y eficaz, capaz de cumplir plenamente su mandato, especialmente frente a los crecientes desafíos y amenazas que enfrenta”.

El informe de la CPI resultó aprobado por 93 votos a favor, 13 en contra y 36 abstenciones.

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