La medida establece un límite del 30 por ciento para determinados alumnos sin ciudadanía italiana y con insuficiente trayectoria escolar o dominio del idioma, con disposiciones específicas según el nivel educativo.

Aprobado por el Consejo de Ministros italiano el 24 de septiembre, el decreto todavía no ha completado su conversión en ley por el Parlamento.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para los Derechos Sociales, Roxana Mînzatu, afirmó que el Ejecutivo comunitario sigue atentamente la evolución del decreto aprobado por el Gobierno italiano, que entró en vigor el pasado 1 de octubre y deberá ser convertido en ley por el Parlamento.

Según informó la agencia Adnkronos, la funcionaria respondió a una pregunta presentada por eurodiputados del Partido Democrático (PD) de Italia, quienes solicitaron examinar la compatibilidad de esa disposición con la legislación de la Unión Europea (UE).

Mînzatu recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, los ciudadanos comunitarios pueden invocar el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece la prohibición de discriminación por nacionalidad.

La vicepresidenta precisó que las excepciones a esa norma solo son admisibles en los supuestos contemplados de manera expresa por los tratados, como razones de orden público, seguridad pública o salud pública, y que deben interpretarse de manera restrictiva.

No obstante, fuentes de la Comisión Europea precisaron este miércoles que Bruselas no ha iniciado formalmente ningún procedimiento ni acción contra Italia por esta disposición.

Aclararon que la respuesta de Mînzatu se limitó a atender la pregunta parlamentaria presentada por los representantes del PD y no constituye el inicio de una actuación institucional contra el Gobierno italiano.

El ministro italiano de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, rechazó las objeciones y sostuvo que la medida no tiene carácter discriminatorio, pues se aplica a estudiantes extranjeros con insuficiente conocimiento del italiano y busca favorecer su integración.

“El problema no existe. El Gobierno sigue adelante sin vacilaciones”, expresó el titular, quien argumentó además que la educación no constituye una competencia exclusiva de la Unión Europea.

La controversia enfrenta al Ejecutivo de Giorgia Meloni con sectores de la oposición, para los cuales la medida puede generar discriminación y reclaman más recursos para docentes de italiano como segunda lengua, mediadores culturales y reducción del número de alumnos por aula.

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