El jefe de Gobierno formuló esas declaraciones tras reunirse con el presidente Joseph Aoun en el Palacio Presidencial, donde analizaron la situación nacional y regional, y la agenda de la sesión del Gabinete prevista para el jueves, según un comunicado de la Presidencia.

Salam afirmó que la población libanesa, en particular los habitantes del sur, ha pagado un alto precio en vidas humanas, viviendas y medios de subsistencia, por lo que tiene derecho a vivir con seguridad y construir su futuro lejos de los conflictos, los desplazamientos y la destrucción.

El primer ministro subrayó que la protección del país constituye una responsabilidad nacional que exige anteponer los intereses del Líbano y evitar que vuelva a convertirse en escenario de conflictos ajenos.

Asimismo, defendió que las decisiones sobre la guerra y la paz correspondan exclusivamente al Estado y sus instituciones constitucionales, y llamó a preservar la soberanía nacional ante las amenazas que enfrenta la región.

La preocupación por una nueva escalada se produce en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y de informaciones sobre un posible ataque estadounidense contra territorio iraní, pese a las declaraciones de Washington en favor de una solución diplomática.

Las negociaciones entre ambas partes permanecen estancadas por diferencias sobre sus condiciones. Estados Unidos reclama concesiones en materia nuclear, mientras Teherán exige el levantamiento de sanciones, la liberación de activos congelados y garantías para comercializar su petróleo, entre otros asuntos.

En sus declaraciones, Salam condenó la participación de cualquier individuo o grupo libanés en asuntos internos de los Estados árabes, especialmente mediante actividades militares que puedan amenazar su seguridad.

El gobernante sostuvo que esas acciones perjudican al Líbano y a sus ciudadanos, y reiteró el compromiso de su administración con el respeto a la soberanía de los países árabes y el fortalecimiento de las relaciones sobre la base de la confianza mutua.

Las declaraciones se produjeron después de que el ministro del Interior yemení, Ibrahim Haidan, acusara a Irán y al movimiento libanés Hezbolá de dirigir parte de las operaciones militares hutíes mediante 21 expertos: 14 supuestamente vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní y siete a la organización libanesa.

Según el funcionario, los especialistas operarían en zonas bajo control hutí y participarían en la planificación de acciones militares, el desarrollo de misiles y drones y los ataques contra embarcaciones en el mar Rojo.

Tanto Hezbolá, como Irán rechazaron tales imputaciones que calificaron de falsas.

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