Por una parte, el Ministerio Público pidió al Poder Judicial el archivo definitivo del proceso contra el exmagistrado de la Corte Suprema César Hinostroza, quien se fugó a España en 2018 y, cuando ese país aceptó extraditarlo a Perú, escapó a Bélgica, donde permanece.

El beneficio fue extendido al entonces titular del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez, y los 46 involucrados en una red dedicada a presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

Coincidentemente, el fiscal de la Nación que dirige el Ministerio Público es Tomás Gálvez, uno de los 46 investigados y entonces fiscal supremo, quien tenía contactos con Hinostroza y fue destituido por ello.

Sin embargo, en 2025 su caso fue archivado por falta de pruebas de favorecer indebidamente a un investigado, a un fiscal provincial y a una empresa editorial.

Hinostroza, ex fiscal superior de la portuaria provincia de Callao, alegó por teleconferencia que que el pedido de archivo no respondía a una falta de pruebas, sino a que los hechos que se le atribuían no constituían delitos. Asimismo, se declaró víctima de persecución política.

Por otra parte, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó a la exfiscal de uno de los casos de corrupción de empresas constructoras de Perú y Brasil, Diana Liz Canchihuamán, por haber pedido prisión preventiva para árbitros de conflictos empresariales acusados de recibir sobornos para favorecer a empresas en litigios con el Estado.

Para la JNJ, la fiscal incurrió en grave falta por incluir en el pedido de prisión la declaración de un testigo de cargo que había muerto después del testimonio.

De otro lado, el equipo de fiscales que integraba Canchihuamán fue disuelto y sus principales integrantes sometidos a procesos internos y destituidos después de que el Tribunal Constitucional dictaminó que declaró inexistente el delito de lavado de activos por el que eran juzgados.

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