Este órgano técnico asesor de siete juristas de amplia trayectoria fue uno de los acuerdos alcanzados en el segundo ciclo de diálogo entre representantes del Gobierno y exdiputados de la extinta Asamblea Nacional de 2015-2020, concluido en septiembre.

Un comunicado rubricado por los coordinadores de ambas delegaciones, Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, respectivamente, anunció que el Consejo quedó instalado la víspera, cuando avanza el proceso de postulaciones de los candidatos que deberá concluir el 11 de noviembre.

El texto precisó que el objetivo de este órgano es constatar que los aspirantes cumplan estrictamente con los requisitos formales establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del TSJ y el baremo de evaluación.

Los firmantes agradecieron a los expertos del Consejo por su participación, con la “certeza de que su dedicación reforzará el trabajo ya en marcha del Comité de Postulaciones Judiciales», que fuera elegido por la Asamblea Nacional.

Este órgano constitucional transmitió hoy un “aviso importante” para las personas que deseen postularse a los cargos antes mencionados, quienes además de hacerlo en la forma presencial prevista, podrán hacerlo a través de una tercera persona acreditada “con documento debidamente autenticado o registrado”.

Explicó que la comparecencia para la entrevista correspondiente deberá ser “únicamente personal y presencial» por parte del postulado.

El Comité de Postulaciones Judiciales anunció el lunes la aprobación por unanimidad del baremo de evaluación para aplicar a los aspirantes a integrar el Poder Judicial.

Los criterios y puntaje a emplear están diseñados para calificar de manera objetiva y transparente, las credenciales, la formación (pregrado, posgrados, doctorados y posdoctorados) y la trayectoria profesional de los candidatos, para evitar la “discrecionalidad política” en la selección.

El baremo de evaluación funciona a una escala máxima de 100 puntos, distribuidos en 28 para la formación letrada y creación intelectual, 19 para la experiencia docente y académica, similares guarismos para las experiencias profesional y jurisdiccional, y 15 en el caso de las entrevistas

En esta fase serán evaluados los aspectos de dominio constitucional, legal, doctrinal y jurisprudencial, además de los concerniente a la resolución de casos, independencia judicial, imparcialidad, solvencia ético-moral y propuestas operativas para la modernización de la gestión judicial.

Hasta el pasado sábado, el Comité había recibido 145 candidaturas de jurisprudentes para ocupar cargos en el Poder Judicial y otras instancias.

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