El legislador Nanki Saant, de la Revolución Ciudadana (RC), anunció que promoverán una fiscalización desde el parlamento y advirtió sobre posibles afectaciones a los ingresos del Estado y a la aplicación de la Ley Amazónica, que establece prioridades para el empleo y las empresas de esa región.

“El campo petrolero Sacha es patrimonio de los ecuatorianos. No podemos permitir decisiones que comprometan los recursos del país y pongan en riesgo el empleo preferente de nuestra Amazonía”, expresó.

Saant sostuvo que la participación de capital extranjero podría reducir los recursos disponibles para financiar servicios públicos como salud, educación, vivienda, vialidad y seguridad.

“Lo están vendiendo a precio de gallina enferma”, afirmó al referirse al yacimiento, el de mayor producción del país.

El también asambleísta de la RC Juan Andrés González calificó el acuerdo como una amenaza a la soberanía nacional y cuestionó que saliera a la luz el convenio internacional durante un feriado.

“No estamos ante un simple contrato administrativo; estamos ante un despojo colonial, un asalto al patrimonio de todos los ecuatorianos para saciar la voracidad de intermediarios, lobistas y transnacionales que fugarán la riqueza de nuestro subsuelo directamente a paraísos fiscales”, aseveró González en su cuenta de X.

Sostuvo que Petroecuador, la empresa estatal ecuatoriana, elevó la producción de Sacha de 66 mil a más de 76 mil barriles diarios con inversiones que no superaron los 150 millones de dólares anuales durante el último lustro.

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), por su parte, expresó reparos por la falta de información sobre las condiciones del acuerdo y preguntó a quién beneficiaría la participación extranjera en uno de los principales yacimientos del país.

La exgerente de Petroecuador Marcela Reinoso consideró que la inversión de Emiratos Árabes Unidos representa una oportunidad para el sector hidrocarburífero, aunque subrayó que cualquier contrato debe garantizar transparencia y proteger la rentabilidad del recurso estatal.

El acuerdo petrolero fue suscrito el 2 de noviembre durante la cumbre energética Adipec 2026, celebrada en Abu Dabi, por el gerente general de Petroecuador, Sebastián Maag, y el director ejecutivo de la estatal Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), Sultan Ahmed Al Jaber, con la participación del canciller ecuatoriano, Roberto Kury.

Uno de los ejes del instrumento contempla negociar un contrato específico para optimizar las operaciones e incrementar la producción del Bloque 60 Sacha, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, que cuenta con reservas superiores a los 600 millones de barriles.

Sin embargo, las autoridades no han precisado el monto de inversión previsto ni el incremento de producción esperado.

En 2025, fracasó un intento gubernamental de adjudicar ese bloque de crudo al consorcio Sinopetrol en medio de una gran presión popular.

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