El mandatario explicó en una entrevista con la emisora FM Mundo que el convenio tendrá una duración de 15 años, prorrogables por cinco más, e incluirá un anticipo de 300 millones de dólares para el Estado y una inversión de cuatro mil 855 millones.

Precisó que el Estado pagará una tarifa por cada barril extraído y mantendrá la propiedad del recurso.

Con ese esquema, el Gobierno proyecta elevar la producción del yacimiento, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, de unos 70 mil barriles diarios a entre 140 mil y 150 mil.

Noboa rechazó las críticas que presentan el entendimiento como una entrega del patrimonio nacional y sostuvo que se trata de un contrato de servicios, modalidad que, según dijo, también se utilizó durante el Gobierno de Rafael Correa.

“Antes de que salgan pues los odiadores a decir de que estamos vendiendo el país, esto de aquí es un contrato de servicios”, afirmó el gobernante, quien citó como ejemplo el acuerdo suscrito el 31 de enero de 2012 para el campo Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos.

El presidente mencionó también los contratos de servicios aplicados en los campos Auca y Shaya, algunos con plazos de hasta 25 años, para defender el modelo que se negocia actualmente.

El acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y la compañía estatal Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) fue suscrito el 2 de noviembre durante la cumbre energética Adipec 2026, celebrada en Abu Dabi.

El instrumento contempla negociar un contrato específico para optimizar las operaciones del Bloque 60 Sacha, actualmente operado por Petroecuador y considerado “la joya de corona”, con reservas superiores a los 600 millones de barriles.

Las condiciones del acuerdo generaron cuestionamientos de legisladores y organizaciones sociales que advirtieron sobre posibles afectaciones a los ingresos públicos, la soberanía sobre los recursos petroleros y el empleo en la Amazonía.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Nanki Saant anunció que promoverá una fiscalización parlamentaria.

“El campo petrolero Sacha es patrimonio de los ecuatorianos. No podemos permitir decisiones que comprometan los recursos del país y pongan en riesgo el empleo preferente de nuestra Amazonía”, expresó.

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) también expresó reparos por la falta de información sobre las condiciones del acuerdo y preguntó a quién beneficiaría la participación extranjera en uno de los principales yacimientos petroleros del país.

En 2025 fracasó un intento gubernamental de adjudicar el campo Sacha al consorcio Sinopetrol, en medio de una fuerte presión popular para evitar su privatización.

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