Marcada por intensa discusión entre diputados del oficialismo y de bancadas opositoras en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (parlamento), la iniciativa gubernamental se debatió entre quienes manifiestan su derogación definitiva y los que apuestan por adecuarla al momento político que vive el país.

Para el presidente de la comisión especial, creada por la presidencia del Poder Legislativo, Pedro Infante, ambos planteamientos son extremos por lo que el grupo de trabajo tiene la misión de elaborar una propuesta equilibrada en beneficio de todos los venezolanos.

Mientras algunos reconocen esa ley no debió existir, con lo cual podría estar de acuerdo o no, planteó Infante, “no debió existir porque nunca debieron ocurrir los hechos de violencia, el desborde de dolor, muerte y criminalización en torno a la política” que hubo entonces cuando surgió en 2017.

Venezuela, afirmó, durante mucho tiempo ha sido escenario de una espiral de violencia política que “cobró la vida de centenares de personas, dejó miles de heridos y sumió a comunidades enteras en el miedo y la zozobra”, lo cual quedó recogido en numerosos informes y voces de expertos internacionales, acotó.

Manifestó que la ley declaraba una intención de paz y como lo declaró la mandataria encargada Delcy Rodríguez, en algunos casos “fue incorrecta, indebida y abusiva” su aplicación, lo cual fue asumido con coraje, de manera autocrítica y responsable por la jefa de Estado.

Los dos objetivos fundamentales para la modificación de esta normativa están dirigidos a la despenalización de las conductas previstas en la ley vigente y favorecer el reencuentro y la convivencia democrática nacional, por lo que se busca convertirla en una ley “para el encuentro”.

Entre las propuestas de modificación aparece el cambio de nombre por el de Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia, el cual se inserta como una acción más para consolidar el diálogo nacional, la armonía social y la paz política de la nación.

Algunos de los pilares fundamentales de la ley están orientados a transformar el enfoque punitivo en paliativo como el de eliminar penas de cárcel por multas, establecer procedimientos claros, prevenir los mensajes de odio en las redes sociales y promover la conciencia democrática entre todos los partidos políticos.

Fracciones parlamentarias opositoras como Libertad y Vamos Vamos Venezuela rebatieron algunos de los argumentos esgrimidos y votaron contrario a la propuesta, lo que dejó en evidencia lo controvertido del tema en una sociedad donde la inmensa mayoría apuesta por la paz y la convivencia.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rebatió y cuestionó los juicios opositores, y afirmó que “el miedo no se deroga ni se contiene”, al poner ejemplos de cómo todavía persiste con llamados de odio, xenofobia y racismo a través de las redes sociales.

“Creo -subrayó el diputado- que en esta etapa de vida histórica de Venezuela estamos en presencia de una derecha borbónica que no olvida o aprende, persiste en la prepotencia, la confrontación y en el enfrentamiento”.

El legislador remarcó que están “empeñados en que no sea esta una ley que instrumente la persecución de nadie”.

La ley pasó a debatirse en consulta pública con sectores sociales e incluirá a las víctimas y victimarios y a todos los que tengan necesidad de opinar sobre la pertinencia o no de esta normativa, resaltó Rodríguez.

Un primer encuentro se realizó con el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, surgido a comienzos de año a propuesta de la mandataria encargada, que el miembro de la comisión especial, diputado Jorge Arreaza, valoró de “buen debate”.

Las mujeres presentaron también sus propuestas en un encuentro que reunió a representantes del Programa para la Paz, miembros de la comunidad LGBTIQ+, indígenas, mujeres lideresas de comunidades y especialistas en Derecho.

Para la semana próxima la consulta pública se realizará con el sistema judicial, el Ministerio Público, del Servicio Penitenciario, y no se limitará solo a la ciudad capital, sino que su despliegue abarcará municipios y estados del país, adelantó Infante.

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