Alrededor de mil moradores participaron en un encuentro en la localidad de Limón de Chagres con representantes de la Conferencia Episcopal, a quienes trasladaron sus preocupaciones por una obra que el Ejecutivo defiende para garantizar las operaciones de la vía interoceánica y el vital líquido para el consumo de parte de la población.
En un comunicado divulgado por esos colectivos señalaron que la jornada comenzó con una caminata acompañada de cantos, pancartas y banderas panameñas, bajo el mensaje de protección de la «Casa Común», inspirado en el llamado del papa Francisco al cuidado del medioambiente y la vida.
Posteriormente, se congregaron en la iglesia Cristo de Esquipulas, donde 20 representantes comunitarios expusieron sus inquietudes durante una celebración eucarística.
Los campesinos advirtieron que la construcción del embalse podría ocasionar la pérdida de tierras productivas, fuentes de agua y medios de subsistencia, además del desplazamiento de familias, daños ambientales y la ruptura de vínculos sociales y culturales construidos durante generaciones.
También denunciaron la insuficiencia de espacios para que las poblaciones potencialmente afectadas sean escuchadas y reclamaron mayor atención de las autoridades, así como respeto a sus derechos fundamentales.
Entre los asistentes estuvo Fabián Castillo, campesino recientemente judicializado en un caso de repercusión nacional, quien ratificó su compromiso con la defensa del río, los cultivos y las familias de la región.
Por su parte, los obispos expresaron su respaldo a la defensa de la dignidad humana y señalaron que ningún proyecto de desarrollo debe imponerse por encima de los derechos fundamentales ni de las formas de vida de los originarios.
Monseñor Manuel Ochogavía, obispo de la diócesis de Colón-Kuna Yala, destacó el derecho de los pobladores a preservar su historia, cultura e identidad, y reafirmó el compromiso de la Iglesia católica con los sectores vulnerables y la opción preferencial por los pobres promovida por el papa León XIV.
El encuentro concluyó con un llamado a la solidaridad nacional y a proteger la vida, el territorio y los recursos naturales, en medio de la controversia que rodea el proyecto de río Indio y su impacto sobre las poblaciones asentadas en esa cuenca.
Según la Autoridad del canal de Panamá (ACP), el futuro reservorio ocuparía unas cuatro mil 600 hectáreas y su construcción está prevista para comenzar en 2027.
La iniciativa contempla el reasentamiento de unas 550 familias pertenecientes a 38 comunidades, según datos divulgados por la prensa local sobre el proceso de compensación y negociación con los pobladores.
Los campesinos han planteado como alternativa aprovechar el lago Bayano para contribuir al suministro de agua de la ruta fluvial, en lugar de construir el embalse que transformaría su territorio.
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