Según informó la comisión 20 de diciembre, en la ceremonia en el cementerio Jardín de Paz, de esta capital, se realizará la inhumación de los restos, recuperados en 2020 durante las primeras jornadas de exhumación.

Aparicio Oliva tenía 21 años cuando desapareció en medio de la operación militar estadounidense.

Desde entonces, sus familiares emprendieron una búsqueda que incluyó recorridos por hospitales y cementerios, así como su participación en diligencias para localizar e identificar a las víctimas.

La identificación fue confirmada el pasado 24 de octubre, después de un complejo proceso científico debido al estado de carbonización de los restos, condición que dificultó la obtención de material genético.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala consiguió extraer ADN y elaborar un perfil genético que posteriormente fue comparado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) con muestras aportadas por los familiares. Aparicio Oliva pertenecía al Batallón 2000, con sede en Chepo, pero al momento de la invasión prestaba servicio en el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, en el barrio capitalino de El Chorrillo.

Con esta restitución ascenderá a 14 el número de víctimas de la invasión cuyos restos han sido identificados y entregados a sus familiares desde 2023, según la Comisión 20 de Diciembre de 1989.

El organismo desarrolla investigaciones para establecer la cantidad y la identidad de las víctimas, esclarecer su suerte y paradero, realizar exhumaciones y recomendar medidas de reparación y reivindicación para los afectados.

La invasión estadounidense, denominada Operación Causa Justa, comenzó el 20 de diciembre de 1989 durante el gobierno del presidente George H. W. Bush. En la ofensiva participaron alrededor de 24 mil soldados, que atacaron simultáneamente 27 objetivos estratégicos, principalmente en las ciudades de Panamá y Colón.

Durante el vil ataque, según historiadores, cuyo pretexto tuvo la captura del entonces general Manuel Antonio Noriega y el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensa, los bombardeos provocaron destrucción de viviendas, especialmente en El Chorrillo, y numerosas víctimas civiles y militares.

A casi 37 años de aquellos acontecimientos, la identificación de personas desaparecidas continúa siendo una de las principales tareas pendientes para esclarecer las consecuencias humanas de la intervención militar y ofrecer respuestas a las familias que durante décadas reclamaron conocer el destino de sus seres queridos.

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