El colectivo expresó en un pronunciamiento divulgado en redes sociales su oposición al memorando de entendimiento suscrito con la entidad extranjera “por considerar que se trata de un nuevo engaño del Gobierno en época de elecciones”.

El Frente cuestionó las promesas de inversión, transferencia tecnológica e incremento de la producción asociadas a la participación de empresas petroleras transnacionales, privadas o estatales.

Sostiene que, durante décadas, las compañías extranjeras privilegiaron negocios de alta rentabilidad y bajo riesgo, sin cumplir los compromisos de inversión y aumento de la producción asumidos en anteriores contratos.

“Son las mismas mentiras de atraer inversión y nueva tecnología extranjera, que los gobiernos neoliberales vienen aplicando desde hace más de 40 años en beneficio de grupos de poder económico locales y de las empresas privadas transnacionales”, señaló la organización.

Como argumento, el Frente señaló que Petroecuador incrementó su producción desde 2007, mientras las empresas privadas registraron una tendencia descendente.

Afirmó además que, entre 2007 y 2017, la estatal elevó en 325 millones de barriles las reservas del campo Sacha, situado en la provincia amazónica de Orellana, cuyas utilidades corresponden íntegramente al Estado.

El Frente demandó al Gobierno publicar el memorando completo, sus anexos y compromisos, y aclarar si contempla mecanismos de inversión, contratación, asociación o participación de Adnoc en el Bloque 60 Sacha.

También reclamó la presentación de estudios técnicos, financieros y jurídicos que sustenten cualquier propuesta de cooperación, procedimientos transparentes para la comercialización del crudo y garantías de que Petroecuador conservará la administración, operación y control estatal del campo.

El presidente Daniel Noboa defendió la semana pasada las condiciones del proyecto en una entrevista con la emisora FM Mundo.

Según explicó, el contrato tendría una duración de 15 años, prorrogables por cinco más, e incluiría un anticipo de 300 millones de dólares para el Estado y una inversión de cuatro mil 855 millones.

El mandatario precisó que el Estado conservaría la propiedad del petróleo y pagaría una tarifa por cada barril extraído.

“Antes de que salgan pues los odiadores a decir de que estamos vendiendo el país, esto de aquí es un contrato de servicios”, afirmó Noboa, quien comparó la modalidad con acuerdos aplicados en los campos Shushufindi, Auca y Shaya durante el mandato de Rafael Correa (2007–2017).

Este convenio con la empresa emiratí llega luego de que en 2025 fracasó otro intento gubernamental de adjudicar el campo Sacha a una entidad extranjera en medio de una fuerte presión popular.

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