Según el texto, las dos propuestas comprenden la adquisición de todos los complejos empresariales activos de la antigua Ilva. También indica que los responsables de la administración extraordinaria deberán examinar ahora su integridad y comprobar que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria. La presentación de las propuestas constituye un nuevo capítulo de un proceso de venta iniciado en 2024, en medio de prolongadas dificultades financieras, productivas y ambientales que afectan al grupo siderúrgico, cuyo principal establecimiento se encuentra en Taranto, región de Apulia.

Lo más significativo de esta convocatoria es la entrada en competencia del grupo italiano Arvedi, con sede en Cremona, que decidió presentar una propuesta independiente, mientras que Jindal ya había manifestado su interés por los activos de la compañía.

Arvedi condicionó su propuesta a la aceptación de sus planes industriales, ambientales, laborales y sociales por parte de las instituciones y la comunidad de Taranto, y sostuvo que considera imprescindible ese respaldo para avanzar con la operación.

El desenlace de la licitación adquiere especial trascendencia después que la Corte de Casación italiana confirmara, el pasado 29 de octubre, la suspensión de los altos hornos de Taranto por motivos sanitarios y ambientales, decisión que complicó las perspectivas de continuidad de la producción siderúrgica tradicional, advirtió Rai News.

La instalación constituye la única gran acería integrada de Italia y emplea directamente a unos ocho mil trabajadores, mientras que otros centros del grupo, ubicados en Liguria y Piamonte, cuentan con alrededor de mil 500 empleados adicionales.

Los sindicatos Fim-Cisl, Fiom-Cgil y Uilm-Uil consideraron importante la presentación de las dos ofertas, pero advirtieron que todavía no es posible evaluar sus consecuencias productivas y laborales.

En una declaración conjunta reclamaron al Gobierno la convocatoria urgente de una reunión en el Palacio Chigi para conocer los detalles de los proyectos, las inversiones previstas, los planes de producción de cada establecimiento y las garantías de empleo, incluidos los trabajadores de empresas subcontratadas.

Las organizaciones sindicales insistieron además en la necesidad de mantener una participación directa del Estado en la futura estructura empresarial.

ga/mml