En una declaración divulgada tras su aprobación este lunes en la reunión del Ejecutivo, la jefa de Gobierno señaló que la disposición busca intervenir sobre uno de los principales factores que inciden en el precio de la electricidad: la influencia del costo del gas en la generación energética.
Explicó que el decreto establece un límite de 58,9 euros por megavatio-hora para el gas utilizado en la producción eléctrica, a partir del cual se activará un mecanismo destinado a evitar que su encarecimiento se traslade íntegramente al precio de la electricidad.
Otra de las medidas busca trasladar a los consumidores las ventajas de la energía producida a menores costos, especialmente la procedente de fuentes renovables.
Para ello, explicó, la Autoridad de Regulación de Energía, Redes y Medio Ambiente establecerá reglas más estrictas contra la retención deliberada de capacidad productiva con fines especulativos.
La tercera línea de actuación contempla límites a la transferencia de los costos del mecanismo hacia las facturas de los usuarios.
Según la primera ministra, la disposición tendrá una vigencia de 18 meses e incluirá una salida gradual para evitar variaciones bruscas al concluir su aplicación.
La mandataria reconoció que los efectos de esta intervención sobre el mercado mayorista no serán inmediatos y que los mayores ahorros podrían beneficiar a las empresas con capacidad de autoproducción y elevado consumo eléctrico.
Añadió que el decreto incorpora una reducción superior a 850 millones de euros en los cargos del sistema relacionados con las facturas del gas, como complemento de las medidas dirigidas al sector eléctrico.
En cuanto a los combustibles, Meloni indicó que el Gobierno ha destinado hasta ahora dos mil 500 millones de euros a contener sus precios, con especial atención al gasóleo, cuyo encarecimiento repercute en el transporte de mercancías y en los costos de numerosas actividades productivas.
La primera ministra afirmó que se mantiene el mecanismo de contención de los precios en las estaciones de servicio, respaldado por la mayoría de las compañías petroleras, así como la posibilidad de reactivar los impuestos especiales móviles cuando la evolución del mercado lo requiera.
Sostuvo que el encarecimiento energético constituye un problema estructural que demanda intervenciones sobre los mecanismos de formación de precios y aseguró que su Gobierno continuará actuando para reducir su impacto sobre los consumidores y el sistema productivo.
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