El tribunal remarcó en su auto conocido en esta capital que el pacto firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo en 2016 constituye una política de Estado y las obligaciones plasmadas en él deben honrarse.

Al examinar la ejecución de las políticas para garantizar la seguridad de los excombatientes concluyó que persisten bloqueos institucionales que afectan su protección.

Si bien anotó que las entidades encargadas de cumplir esa misión permanecen operativas, no existen pruebas suficientes de que los mecanismos estén funcionando de manera efectiva en los territorios.

La corte concluyó que el equipo de gobierno tiene las competencias de definir los instrumentos para la implementación del Acuerdo, pero debe abstenerse de anular los deberes asumidos, retrasarlos indefinidamente o privarlos de financiación.

Entre otros temas, ordenó que, en un máximo de 20 días hábiles, se pongan en funcionamiento entidades como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y la Comisión de Garantías de Seguridad.

Se hizo eco asimismo de una alerta de la Defensoría del Pueblo sobre 53 mil millones de pesos (16 millones 370 mil dólares) bloqueados en la Agencia de Reincorporación Nacional, lo cual atenta contra la concreción de proyectos productivos, beneficios económicos y apoyos para traslados por razones de seguridad para los firmantes.

La Corte también exigió explicaciones de por qué el proyecto de presupuesto para 2027 para esa instancia contempla una reducción del 79 por ciento en los recursos de inversión.

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