El movimiento telúrico provocó 335 decesos, miles de heridos y cuantiosos daños en hogares, centros de salud e instituciones educativas, fundamentalmente.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), 238 mil 266 casas en total resultaron afectadas a nivel nacional, de las cuales 201 mil 939 se reportaron como averiadas y 36 mil 327 destruidas por completo.

A estas se suman 759 edificios totalmente colapsados.

Como consecuencia, miles de personas viven actualmente en albergues habilitados de manera provisional o en precarias casas de campañas en espacios públicos.

Pese a la calamitosa situación, en el país persiste la incertidumbre en torno a las soluciones finales para estas personas, la mayoría de ellas de escasos recursos.

El senador Duvalier Sánchez exige al Ejecutivo mayor transparencia en torno al Fondo Milagro, el patrimonio autónomo creado por el Gobierno para centralizar, administrar y ejecutar los recursos destinados a la reconstrucción.

“A tres meses del terremoto, el Gobierno sale a decir que ha destinado 332 mil millones de pesos (102 millones de dólares). En octubre hablaba de un billón (308 millones de dólares). En agosto decían que el sector privado ya había aportado cerca de dos billones al fondo. Hoy aclaran que esa plata nunca entró. Cada mes cambia la cifra”, se quejó.

Remarcó que, en cambio, la realidad se mantiene invariable.

“Familias a la intemperie, sin un plan claro de reconstrucción, sin cronograma, sin saber cuándo vuelven a tener techo. Muchos anuncios, mucho video institucional, poca acción. (…) Lo que están haciendo es improvisar con el dolor de los damnificados”, escribió en su cuenta de X.

El Fondo Milagro no es el único mecanismo financiero que se halla bajo escrutinio.

La semana pasada, un juez ordenó a la ‘Fundación Colombia Luz y Sonrisas’, cuya representante legal es la primera dama, Ana Lucía Pineda, entregar un informe de gestión en el cual se detalle “de manera clara, precisa, congruente” qué hizo con los recursos que “recibió, administró, canalizó o distribuyó” tras el sismo.

Si bien la esposa del presidente divulgó días antes que su organización recibió una cifra que superaba los 17 millones de dólares provenientes del sector privado, nunca ofreció un desglose detallado de cómo esa plata fue repartida o beneficiará a los afectados.

En contraste, generó críticas por asistir a la inauguración de unas vallas publicitarias que hacen referencia al inicio de obras para la reconstrucción y mejoramiento de viviendas en Risaralda, donde hay más de 70 mil familias damnificadas.

Pese a la orden judicial, Pineda sigue sin especificar el manejo del dinero que ingresó a su fundación.

El senador Alejandro Ocampo afirmó que, como se le sigue ocultando al país dónde están los recursos, presentará un incidente de desacato para saber quiénes donaron, qué uso se le dio a la plata y que se hagan públicos los registros contables.

En medio de eso, y ante la demora de las ayudas anunciadas por el Gobierno Nacional, la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció que puso en marcha un plan de reconstrucción financiado con recursos departamentales.

Solo en territorio chocoano, uno de los más pobres del país, hay cerca de 40 mil viviendas afectadas.

El senador Walter Rodríguez, más conocido como Wally, expuso que mientras el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, recibe su sueldo, miles de personas siguen a la espera de apoyos.

“¿Y las víctimas? se van a cumplir tres meses y continúan durmiendo bajo la lluvia, en carpas y entre escombros”, denunció.

El ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, informó que el costo estimado para la reconstrucción tras el sismo es de 54 billones de pesos (17 mil millones de dólares).

Algunas entidades alertan no obstante sobre un posible subregistro de los afectados debido a los daños causados por las réplicas posteriores al terremoto o a otros casos que, por disímiles causas, podrían no figurar en el Registro Único de Damnificados.

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