Los crímenes, registrados en distintas provincias, ocurrieron en un contexto en que el país se prepara para conmemorar el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que cada año renueva los llamados a combatir un fenómeno que trasciende el ámbito privado y tiene consecuencias familiares y sociales.

El 1 de noviembre fue asesinada Yocanda Elizabeth Ramírez, de 34 años, por su expareja Rafael Antonio Ramírez, de 44, en el municipio de Las Yayas, provincia de Azua. De acuerdo con las informaciones policiales, el hombre utilizó un arma de fuego y luego se suicidó.

Un día después, Albenis de Jesús Hernández, de 31 años, murió tras recibir un disparo en su residencia, en la comunidad Alto de Amacey, provincia de Santiago Rodríguez. El presunto agresor, Ariel Báez Rodríguez, fue encontrado muerto el martes siguiente en una zona rural, con una herida de bala en la cabeza. El hecho dejó a tres niños en la orfandad.

A estos casos se sumó el asesinato de Jocelyn Ceballos Matrillé, de 36 años, ocurrido la madrugada del 6 de noviembre en San Juan de la Maguana. Su pareja, Francisco Rosendo Moya, de 57 años, fue señalada como responsable de dispararle. Los dos hijos se encontraban en otra habitación del apartamento cuando ocurrió la tragedia.

El caso más reciente es el de Rosanny del Carmen Almonte, de 47 años, quien perdió la vida por un disparo en la cabeza en el sector El Paraíso, provincia Valverde. Como presunto autor, fue identificado Leonalfry Torres, de quien se había separado después de sufrir amenazas y maltratos físicos durante aproximadamente cuatro años de relación.

Estos casos plantean interrogantes sobre la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres.

Familiares de Almonte Molina aseguraron que ella había denunciado los maltratos ante la Policía, pero que no recibió la intervención esperada.

Ante este panorama, la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, reclamó al Gobierno la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocido como Ley Mirabal.

La iniciativa, promovida por el Ministerio de la Mujer, procura actualizar el marco jurídico establecido por la Ley 24-97 y articular las actuaciones de las instituciones públicas para ofrecer una respuesta más amplia frente a las distintas manifestaciones de violencia contra ese grupo de la población.

Fondeur consideró que las estadísticas deben servir para identificar las deficiencias de las políticas públicas y fortalecer los mecanismos de prevención y protección.

También defendió la necesidad de fomentar una masculinidad respetuosa y empática, de manera que los hombres comprendan que sus parejas tienen derecho a vivir libres de control, sometimiento y violencia.

Sin embargo, la sucesión de asesinatos en apenas 10 días vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión fundamental: la protección no puede comenzar cuando la violencia alcanza su desenlace más trágico.

La identificación temprana de las amenazas, la atención a las denuncias y la actuación efectiva de las autoridades resultan esenciales para evitar que más féminas pierdan la vida y sus hijos queden marcados por la orfandad.

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