La delegación argentina expuso en Hamburgo los fundamentos para exigir la suspensión del proyecto Sea Lion, al advertir que la extracción de hidrocarburos en un área cuya soberanía está en disputa provocaría un daño irreversible, reportó aquí la revista Energy Report.
El presidente Javier Milei respaldó la presentación en redes sociales.
Este martes tuvo lugar la primera jornada de audiencias que concluyen mañana. La delegación nacional concentró su exposición en dos argumentos centrales:
Reino Unido no puede avanzar unilateralmente sobre los recursos naturales de un territorio cuya soberanía está en disputa y la extracción de petróleo provocaría un daño que ninguna resolución judicial posterior podría reparar.
“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, sostuvo el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, al explicar por qué el país considera urgente la adopción de medidas provisionales, señala la publicación.
Buenos Aires persigue evitar que el proyecto petrolífero avance antes de que el arbitraje internacional pueda tratar la controversia de fondo. El desarrollo, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, contempla una explotación petrolera de largo plazo, con 23 pozos de producción y nuevas etapas proyectadas.
Además de Oyarzábal, la delegación argentina la integran María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y la embajadora Betina Pasquali de Fonseca, representante argentina en Alemania.
La representación británica la integran los asesores legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con Ellie Reeves, Procurador General del Reino Unido, y funcionarios del gobierno de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general, y Jack Ford, miembro de la Asamblea Legislativa, detalla la revista que circula como suplemento del diario Ámbito Financiero.
En su respuesta que también presentó este martes, Londres argumentó que este órgano carece de competencia de jurisdicción inicial para resolver la controversia, ya que lo que está en el fondo del reclamo argentino es una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y no una cuestión puramente marítima de la Convención del Mar.
Sostuvo, además, que no existe la urgencia ni el riesgo de un daño irreparable que justifique el dictado de medidas provisionales para paralizar el proyecto petrolero Sea Lion.
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