En un mensaje publicado en la red social X, acompañado de un video explicativo, la jefa de Gobierno aseguró que su Ejecutivo cumplió una promesa que otros partidos formularon sin llevarla a la práctica.

Al respecto, mencionó los compromisos asumidos por el ex primer ministro Matteo Renzi, en 2016, actual líder del partido Italia Viva; y el exviceprimer ministro Luigi Di Maio, en 2019.

La mandataria precisó que, a partir de 2027, quedará exento del pago de ese tributo un automóvil por persona física, siempre que su potencia no supere los 80 kilovatios (kW), así como una motocicleta o ciclomotor en determinadas condiciones, cuando el propietario no se beneficie de la exención para un automóvil.

Meloni calificó la disposición de estructural y rechazó las críticas que la presentan como una concesión temporal o una iniciativa electoral.

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de septiembre y cuya aplicación fue incorporada al proyecto de Presupuesto para 2027, contempla extender la exención con carácter permanente.

Según lo dispuesto, el beneficio se aplicará a un solo automóvil por persona física, entre los que cumplan los requisitos, y comprende vehículos de gasolina, diésel e híbridos con la potencia indicada.

El Ministerio de Infraestructuras y Transportes estimó en 24,6 millones el número de personas potencialmente beneficiadas, de acuerdo con los registros de propietarios de vehículos que cumplen los requisitos.

Sin embargo, la medida ha suscitado cuestionamientos entre la oposición. El diputado del Partido Democrático (PD) Silvio Lai la calificó como una operación de propaganda y sostuvo que el ahorro para numerosos ciudadanos equivaldría apenas al costo de uno o dos depósitos de combustible.

Desde el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), la vicepresidenta de esa formación, Vittoria Baldino, cuestionó que iniciativas anteriores descalificadas por el oficialismo sean ahora presentadas como logros gubernamentales.

También Riccardo Magi, secretario de Más Europa, criticó el carácter electoral de la disposición y advirtió que el costo de la compensación a las regiones podría terminar trasladándose a otras partidas o impuestos.

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