De acuerdo con el medio, la iniciativa se abordó durante una reunión celebrada la víspera en la sede del PL en esta capital, con participación de juristas, abogados y asesores parlamentarios, quienes discutieron acciones para presionar al Supremo Tribunal Federal (STF) y trasladar denuncias contra el Estado brasileño a instancias internacionales.
Una de las principales propuestas consiste en acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante solicitudes de medidas cautelares y una denuncia por presuntas violaciones de la Convención Americana en la materia.
La estrategia contempla preparar abogados para actuar ante el sistema interamericano, una vía que los participantes consideran poco utilizada por sectores de la derecha brasileña, y también prevé seguir las elecciones de integrantes de la CIDH y de jueces de la Corte Interamericana, previstas para 2027.
En el ámbito nacional, los participantes preparan un borrador de una Acción Declaratoria de Constitucionalidad para solicitar al STF que reconozca la validez de la Ley 15.402/2026, conocida como Ley de la Dosimetría.
Tal legislación modifica disposiciones del Código Penal y de la normativa de Ejecución Penal, con cambios en el cálculo de las condenas y mecanismos que podrían reducir las penas de los implicados en los ataques contra las sedes de los tres poderes, perpetrados el 8 de enero de 2023.
El ministro del STF Alexandre de Moraes suspendió en mayo pasado la aplicación de la Ley de la Dosimetría en ejecuciones penales relacionadas con los ataques de 2023, mientras el pleno del tribunal examina las solicitudes que cuestionan la constitucionalidad de la normativa.
La articulación del PL incluye, además, iniciativas para mantener el 8 de enero de 2023 en el debate público mediante actividades culturales y parlamentarias.
En esa fecha, una semana después de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, miles de seguidores de Jair Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes del Congreso, el STF y la Presidencia, para reclamar una intervención militar contra el nuevo Gobierno.
El STF condenó a participantes directos en los ataques y a integrantes de la trama que buscó impedir la asunción de Lula, incluido el propio Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años y tres meses de cárcel en 2025.
Sectores de la derecha han impulsado proyectos de amnistía y otras iniciativas para reducir las penas, un tema que ha encontrado resistencia social con eventos como los del septiembre de 2025, cuando hubo movilizaciones en las 27 capitales brasileñas contra el perdón.
ocs/mar
