La medida se aplciará hasta mediados de diciembre en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde el Gobierno considera que persisten las amenazas a la seguridad por las actividades de organizaciones criminales.
La renovación se produce a pocos días de concluir el plazo de 60 días establecido en el Decreto 498, firmado el 15 de septiembre, y mantiene las disposiciones excepcionales de ese documento, entre ellas la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.
Asimismo, persiste la autorización para las requisiciones temporales de bienes y servicios de origen lícito y la intervención de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional.
Sin embargo, el nuevo decreto no establece expresamente la suspensión de la libertad de tránsito ni dispone nuevas fechas para un toque de queda.
La renovación fue oficializada un día después de finalizar un toque de queda focalizado que dejó más de dos mil 600 personas detenidas.
Para justificar la continuidad del estado de excepción, el Ejecutivo citó informes policiales que registraron 322 homicidios intencionales en las ocho provincias entre el 14 de octubre y el primero de noviembre, 144 de ellos en Guayas.
El informe técnico del Ministerio del Interior, citado en el decreto, sostiene que “las amenazas a la seguridad ciudadana no han sido superadas” y describe un escenario de fragmentación y reconfiguración de las estructuras criminales, así como de disputas territoriales.
El documento también menciona las coincidencia del estado de excepción con las elecciones seccionales del 29 de noviembre, cuando los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos y otras autoridades locales, además de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese sentido, establece que las medidas extraordinarias no podrán suspender ni restringir la campaña electoral ni el ejercicio de los derechos políticos de candidatos, organizaciones y ciudadanos.
Asimismo, dispone la coordinación entre las autoridades de seguridad y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para evitar que los operativos interfieran en la atención de posibles emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño.
Desde enero de 2024, Noboa ha decretado sucesivos estados de excepción como parte de la estrategia gubernamental para enfrentar a las bandas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Sin embargo, especialistas alertan sobre la ineficacia de ese tipo de medidas, que han conllevado a violaciones de derechos y al debilitamiento de la democracia.
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