La iniciativa recibió 45 votos favorables y 31 contrarios, pero su tramitación en la Cámara Alta no ha concluido porque quedan cuatro puntos pendientes, los cuales serán sometidos a consideración el 17 de noviembre.

El proyecto, presentado por el senador Jaques Wagner, líder del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en el Senado, y modificado por el relator Eduardo Braga, reúne medidas para contener gastos, reducir beneficios tributarios y ampliar la capacidad de gestión presupuestaria.

Según el informe aprobado, el impacto fiscal estimado oscila entre 45 mil 100 millones (unos ocho mil 30 millones de dólares) y 56 mil 100 millones de reales (nueve mil 990 millones de dólares), mediante mejoras en el resultado primario, indicador que excluye los intereses de la deuda pública.

Entre las principales disposiciones figura la posibilidad de ampliar el bloqueo de partidas presupuestarias cuando existan riesgos de incumplimiento de las metas fiscales, incluso para aproximar el resultado al centro del objetivo establecido.

Asimismo, cuando se activen mecanismos de contención, el crecimiento real de los gastos primarios quedará limitado al dos por ciento anual, frente al 2,5 por ciento previsto actualmente en el marco fiscal.

En materia tributaria, establece una reducción lineal del 10 por ciento de los beneficios fiscales empresariales y restricciones a las compensaciones de créditos tributarios utilizadas para saldar obligaciones con la autoridad recaudadora.

Quedan preservados determinados incentivos, entre ellos los destinados a la industria de tecnologías de la información y semiconductores, la desgravación de nóminas y beneficios para vehículos adquiridos por personas con discapacidad o autismo.

El texto también establece un plazo de 120 días para que el Congreso examine la regulación de los llamados supersalarios en el sector público, remuneraciones que superan el techo constitucional.

Otra disposición permite excluir de las metas fiscales de 2026 hasta 10 mil 500 millones de reales (unos mil 870 millones de dólares) destinados a subvencionar el diésel, en un contexto de presiones internacionales sobre los precios de los combustibles.

La propuesta genera controversias tanto en la oposición como entre sectores de la izquierda, incluidos parlamentarios del Partido de los Trabajadores, que cuestionan aspectos del ajuste y contemplan presentar alternativas.

Esas críticas apuntan al impacto potencial de las restricciones presupuestarias sobre la capacidad de financiar políticas públicas y servicios sociales.

La votación de los cuatro puntos pendientes el martes 17 permitirá completar el examen en el Senado y, posteriormente, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados para su consideración.

rc/mar