En un comunicado, la Defensoría del Pueblo remarcó que el desastre, ocurrido hoy hace 41 años, dejó entre 21 mil y 28 mil fallecidos; entre tres mil y cuatro mil y desaparecidos, incluidos más de 400 niños.

Recordó además cómo la destrucción del casco urbano obligó al traslado de la cabecera municipal a Armero-Guayabal y a la dispersión de las familias hacia otros lugares.

Las deficiencias en la planificación de estos procesos y la falta de soluciones integrales prolongaron las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades afectadas, expuso el organismo.

Dado lo anterior, la Defensoría del Pueblo advirtió que la tragedia no puede considerarse un hecho del pasado, pues sus consecuencias persisten hasta hoy.

“El desplazamiento y los procesos de reubicación han estado marcados por la fragmentación de las familias y las comunidades, el desarraigo y las dificultades para acceder a una vivienda digna, servicios básicos, seguridad jurídica sobre la propiedad y oportunidades económicas”, señaló el informe de la entidad.

Frente a este panorama, pidió al Estado reconocer los daños prolongados de la tragedia e implementar medidas de reparación integral, con enfoque diferencial y generacional.

Entre las principales recomendaciones se hallan la necesidad de realizar un censo nacional que permita identificar a las personas sobrevivientes de Armero y sus descendientes, incluidas aquellas que residen fuera del país.

También solicitó priorizar a esta población en programas de vivienda de interés social, asignación de tierras y medidas de restitución patrimonial, así como fortalecer la atención en salud y acompañamiento psicosocial frente a las afectaciones emocionales y familiares que persisten a través de las generaciones.

Entre otros ejes, se refirió a la importancia de desarrollar un programa de búsqueda e identificación de niñas y niños desaparecidos durante el desastre.

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