El exoficial expulsado del Ejército con deshonor se convirtió en 1990 en el brazo derecho del entonces recién elegido Alberto Fujimori y controló las Fuerzas Armadas, la inteligencia y los escuadrones militares que ultimaban extrajudicialmente a sospechosos de integrar grupos armados durante más de una década.

La Tercera Sala Penal de la Corte Superior Nacional, penúltima instancia judicial, declaró infundado el pedido de Montesinos de fusión de sus condenas de 25 años como coautor mediato, con Fujimori, dictada en 2010, por dos matanzas de civiles inermes ajenos a los grupos armados, y de 19 años y ocho meses, emitida en 2024 por otras dos ejecuciones extrajuduciales.

El exjefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional pretendía con ello cumplir solo la pena más alta, que purgó en junio de este año, para lo cual su abogado alegó que los delitos de la segunda serntencia se cometieron cuando las penas se soldaban en un máximo de 25 años.

La corte dictaminó por mayoría que esa posibilidad no existe desde 2006 y, tratándose de dos condenas independientes, procede su acumulación, por lo que Montesinos continuará peso hasta 2032.

Montesinos, quien era brazo derecho de Fujimori, fallecido en 2025 y condenado a 25 años e indultado por dos de las matanzas imputadas también a Montesinos y delitos de corrupción, tiene 85 años.

El exasesor puede apelar el fallo adverso a la Corte Suprema, aunque esta ha determinado que las sentencias en curso son cosa juzgada y antes ha rechazado pedidos de la defensa de Montesinos de que prime la pena mayor impuesta a su cliente, sin sumarse a otras.

Montesinos tiene pendientes además cargos por violaciones de derechos humanos, por la desaparición en 1993 de dos estudiantes y un profesor universitario; el asesinato y descuartizamiento de la agente de inteligencia Mariela Barreto (1997) y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti (1992).

También por la muerte de la periodista opositora Melissa Alfaro mediante el envío de un sobre explosivo (1991), así como por delitos de corrupción y usurpación de funciones; por sobornar a diarios sensacionalistas para desacreditar a opositores y por tráfico de armas, enre otros.

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