Celebrada a puerta cerrada en el Supremo Tribunal Federal (STF), la audiencia duró aproximadamente media hora.

El alto oficial llegó a la corte cabizbajo y acompañado por sus abogados Cezar y Vânia Bittencourt, sin hacer declaraciones a la prensa.

La Policía Judicial prohibió la presencia de periodistas en la zona por el cual salió el militar.

Tal sesión tuvo como objetivo informar al denunciante del intento de golpe y a su defensa sobre las condiciones establecidas por el sistema judicial para el cumplimiento de la condena.

Entre las restricciones impuestas, Cid tiene prohibido: usar redes sociales, portar armas de fuego, mantener contacto con otras personas investigadas o condenadas por los episodios del 8 de enero de 2023.

También no puede salir del país y debe entregar sus pasaportes.

Asimismo, debe comparecer ante la corte semanalmente para justificar sus actividades y permanecer en su domicilio por las noches y los fines de semana.

La audiencia marca el inicio de la ejecución de la sentencia, dictada por el ministro Alexandre de Moraes una vez que el caso quedó firme, es decir, sin posibilidad de apelación.

El staff jurídico del teniente coronel optó por no apelar la condena, que había sido establecida por la primera sala del STF en septiembre.

Cid fue declarado culpable en aquel momento de participar en el intento de golpe de Estado que derivó en la invasión y el saqueo de las sedes capitalinas de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023.

La pena se redujo gracias a la confesión y el acuerdo con la fiscalía del oficial, que lo convirtieron en uno de los principales informantes en la trama golpista investigada por el juzgado superior.

El cumplimiento de la sentencia y cualquier solicitud de la defensa, como la autorización para trabajar, estudiar o obtener la libertad condicional, estarán bajo la supervisión directa de De Moraes.

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