Brasil: líderes legislativos piden al STF juzgar Ley de Dosimetría

Brasilia, 17 nov (Prensa Latina) Los presidentes del Senado brasileño, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, solicitaron hoy al Supremo Tribunal Federal (STF) que acelere el juicio sobre la constitucionalidad de la Ley de Dosimetría.

Durante una reunión con el ministro Alexandre de Moraes, relator de las acciones que cuestionan la legislación, ambos parlamentarios pidieron liberar los procesos para su inclusión en la agenda del pleno del máximo tribunal, con la expectativa de que exista una decisión definitiva antes de finalizar este año.

Según una nota conjunta divulgada tras el encuentro, Moraes escuchó los argumentos de los titulares de ambas cámaras parlamentarias y comunicó que responderá a la solicitud tan pronto como sea posible.

La Ley 15.402 de 2026 modifica los criterios para calcular las penas por delitos contra el Estado Democrático de Derecho y establece mecanismos que pueden reducir las condenas impuestas a los responsables de los ataques del 8 de enero de 2023.

Fue en esa fecha cuando las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia fueron invadidas por miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.

En enero pasado el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva vetó integralmente la Ley de Dosimetría, al argumentar que la reducción de las sanciones por delitos contra la democracia contrariaba el interés público, pero ese veto fue rechazado por el Congreso Nacional en abril.

La legislación fue promulgada en mayo por Alcolumbre, en su condición de presidente del Legislativo, pero su aplicación quedó suspendida el día 9 de ese mes por decisión cautelar de Moraes, hasta que el STF se pronuncie sobre su validez constitucional.

Esa decisión respondió a acciones directas de inconstitucionalidad presentadas por la Asociación Brasileña de Prensa, la federación partidista PSOL-Red y otras organizaciones políticas, las cuales cuestionan los cambios introducidos en el Código Penal y en las normas de ejecución de las condenas.

Entre las principales modificaciones de la normativa figura la disposición de que, cuando los delitos de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado sean cometidos dentro de un mismo contexto, se aplique la pena más grave en lugar de sumar ambas sanciones.

La ley también introduce cambios en los criterios de progresión de régimen, que permiten pasar gradualmente de condiciones de reclusión más severas a otras menos restrictivas.

De acuerdo con datos del STF, alrededor de mil 400 personas fueron condenadas por su participación en los acontecimientos del 8 de enero, entre ellas el propio Bolsonaro, sentenciado a 27 años y tres meses de prisión, y antiguos integrantes de la cúpula militar y gubernamental.

Una eventual entrada en vigor de la norma podría beneficiar a esos condenados, aunque cada uno deberá solicitar individualmente la revisión de su pena.

mar

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