Medina fue responsabilizado por el asesinato del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, a quienes una patrulla del ejército los roció con gasolina y les prendió fuego tras ser capturados cuando participaban en una protesta en Estación Central.
Francisco Bustos, abogado de Carmen Gloria, valoró que el máximo tribunal haya rechazado una acción que buscaba impunidad.
«En los últimos meses hemos sido testigos de la presentación de diversas solicitudes de reducciones de condena, libertad condicional o liberación anticipada, que buscan librar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad de las consecuencias de sus actos», dijo Bustos, miembro del Estudio Caucoto Abogados.
Mientras Magdalena Garcés, representante de Pablo Oyarce de Negri, hermano de Rodrigo, expresó su preocupación por una estrategia de las defensas de los condenados por graves violaciones de los derechos humanos para conseguir salidas anticipadas.
«Se trata de una persona condenada a 20 años que no ha cumplido ni siquiera dos años de prisión y ya está pidiendo que se le computen los plazos para poder postular a la libertad vigilada», denunció.
En días recientes la Corte de Apelaciones de Santiago también rechazó los beneficios carcelarios para Patricio Leonidas González, responsabilizado con el secuestro calificado de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.
Además, desestimó beneficios para Alejandro Francisco Astudillo, preso por causas como la Operación Colombo, el Caso Calcinados y crímenes contra militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el FPMR y el Partido Socialista.
También rechazó excarcelar a Heraldo Velozo Gallegos, autor del secuestro de cinco miembros del FPMR y participante en la llamada Operación Albania.
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