De acuerdo con la empresa, el trigésimo mechero fue apagado en la plataforma Shushufindi T-62B, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, como parte del plan de eliminación progresiva de estas instalaciones y aprovechamiento del gas asociado que antes se quemaba.
Petroecuador aseguró que el cierre de las 30 estructuras durante este año permitirá evitar la emisión de más de 280 mil toneladas anuales de dióxido de carbono (CO₂).
Asimismo, indicó que se aprovechará el gas para generar más de 15 megavatios de electricidad, incrementar la producción de gas licuado de petróleo y sustituir el uso de diésel en sus operaciones.
“Con ello consolidamos una empresa más eficiente, sostenible y que genera mayor valor para el país”, afirmó el gerente general de Petroecuador, Sebastián Maag Pardo.
La compañía indicó que con esta intervención suman ya 200 estructuras apagadas y desmanteladas de un total de 424 identificadas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, y fijó como objetivo eliminar las 224 restantes hasta 2030.
Sin embargo, organizaciones ambientales y comunidades amazónicas cuestionan el lento avance de una sentencia judicial de 2021 que ordenó retirar, en un plazo de 18 meses, los mecheros ubicados cerca de centros poblados.
En mayo pasado, colectivos como Guerreras por la Amazonía, integrado por niñas residentes en la zona, y la Unión de Afectados por Texaco-Chevron (Udapt) entregaron al Ministerio de Ambiente y Energía miles de firmas de una campaña para exigir el cierre de esas instalaciones.
“Hasta el día de hoy no vemos la eliminación”, dijo en agosto pasado a Prensa Latina la joven Leonela Moncayo, de 16 años, durante un recorrido por la comunidad de Parahuacu, en Sucumbíos, donde describió los efectos de las emisiones sobre el aire, el agua y el suelo.
Las organizaciones sostienen que la combustión permanente del gas libera más de 250 sustancias tóxicas y que sus efectos pueden alcanzar poblaciones ubicadas hasta a 10 kilómetros de distancia.
Petroecuador, por su parte, señaló que la eliminación de cada mechero requiere procesos técnicos, ambientales y operativos que pueden extenderse entre 12 y 36 meses, además de programas de monitoreo para evaluar la recuperación de los ecosistemas y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental.
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