Nos regimos por el procedimiento que quedó establecido, hicimos las modificaciones al reglamento para que se aplicara de la misma manera y el proceso fuera igual en todo el país, expresó el mandatario en conferencia de prensa desde el noroccidental Quiché.

“Estamos en el proceso de verificación para identificar cuáles podrían ser los candidatos idóneos, si los hay, y si no, habrá que repetir los procesos”, acotó el jefe de Estado tras intercambiar con alcaldes de distintos municipios de esa demarcación.

La Secretaría General de la Presidencia oficializó el martes de la semana anterior el recibo entre las ternas de 37 candidatas y 84 solicitantes, además de las impugnaciones presentadas por la sociedad civil en el marco de la postulación.

Luego del análisis –describió el Ejecutivo-, tomará su decisión Arévalo, quien fue enfático antes en declarar que si no llenan las expectativas que el cargo exige, rechazará las propuestas.

El presidente podría devolver a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano la responsabilidad de proponer una nueva terna en los plazos establecidos por la Ley.

Ante denuncias de perfiles vinculados con actores corruptos y la escasa transparencia en la elección, autoridades mayas y representantes de distintas organizaciones de 11 de esos departamentos impugnaron las propuestas.

Llamaron al gobernante a atender las demandas de la población que manifestó su descontento y sufrió por ello amenazas así como intimidación, advirtieron.

“Seguimos viendo cómo las mafias y la corrupción siguen manipulando estos procesos”, declaró a la prensa la alcaldesa indígena del municipio Santa Lucía Utatlán, Sololá, Luz Emilia Ulario.

De ahí, la autoridad ancestral César Yac recordó que los más de 100 días de paro desde el pasado octubre frente al Ministerio Público buscaban una mejor sociedad, por lo que esos pueblos continuarán “en pie de lucha”.

El líder originario señaló que en Sololá la terna electa tiene vínculos con el partido políticos Vamos del exmandatario del país, Alejandro Giammattei (2020-2024).

Analistas y comisiones le solicitaron al presidente actual que “investigue los indicios de compra de voluntades durante el proceso de selección de las ternas y priorice el rescate de los espacios de sociedad civil”.

Estos cargos, diseñados en Guatemala para ejecutar el presupuesto de obras públicas, no son de elección popular, sino de designación y libre remoción por parte del Gobierno.

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