Además, hasta esta tarde todavía había pasajeros nacionales y extranjeros varados en la terminal pues, si bien el corto circuito que bloqueó la iluminación indispensable para los aterrizajes y despegues fue solucionado en la madrugada del domingo, persiste el impacto de la postergación acumulada de vuelos.

Estimados periodísticos señalan que lo sucedido afectó a más de 10 mil pasajeros peruanos y extranjeros, que no pudieron emprender viaje ni llegar a Lima y permanecieron, en algunos casos hasta este martes, en aeropuertos del interior del país o de naciones vecinas.

En ese contexto, la indignación por la falta de previsión por la cual una falla elemental causó el caos aeroportuario, se traduce en duras críticas y un pedido de censura parlamentaria al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, como responsable político y por sus declaraciones durante el siniestro.

Pérez sostuvo ante la prensa durante la paralización del aeropuerto, que el corte de la energía para las luces de la pista fue un hecho fortuito de los que pasan en cualquier país del mundo y el presidente de la estatal Corporación Peruana de Aeropuertos Comerciales (Corpac) declaró que no había cómo evitar que el incidente se repita.

La congresista de izquierda Margot López emprendió la recolección de las firmas necesarias para censurar (destituir) a Pérez, quien demuestra, afirmó, “incapacidad e incompetencia” en el manejo de un Ministerio muy importante.

Por su parte, dos equipos de fiscales investigan lo sucedido, uno enfocado en la estatal Corporación Peruana de Aeropuertos Comerciales (Corpac), en cuya esfera se encuentran la red eléctrica de la terminal que administra como concesionaria la transnacional LAP.

La otra pesquisa se refiere a la sospechosa contratación de empresas sin experiencia, acreditada para el mantenimiento del sistema de iluminación del aeropuerto Jorge Chávez.

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