Se trata de personas que, bajo el argumento de su avanzada edad o condiciones de salud, buscan eludir el cumplimiento de sentencias condenatorias, advirtió la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) en un comunicado.

Dentro de los posibles beneficiarios figuran César Manríquez Bravo, agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta de Pinochet, condenado por diversos crímenes durante la denominada Operación Colombo.

También están Héctor Osses, oficial de carabineros responsabilizado por asesinatos en la Población de San Gregorio, y Jorge Mandiola, agente de la Central Nacional de Informaciones, quien participó en la denominada Operación Alfa Carbón.

Según se conoció, Constanza Garrido, recién instalada jefa del Programa de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Justicia, dio instrucciones a los abogados querellantes en las tres causas de no apelar las decisiones judiciales que los favorecen, debido a razones de salud mental o médicas.

La Asociación de Funcionarios de ese programa calificó como ilegal y arbitraria la decisión y advirtió que en la práctica se trata de un sistema de “indultos pasivos”.

Recuerda la agrupación que el Programa de Derechos Humanos tiene como misión prestar apoyo legal y social a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada, y la omisión de estas funciones favorece la impunidad.

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