Las acciones legales cuestionan tanto el contenido de las normas como el procedimiento con que las aprobó la Asamblea Nacional (Parlamento).
La ley con mayor número de recursos es la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
En paralelo, la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, vigente desde el 2 de marzo, registra al menos cuatro acciones de inconstitucionalidad.
La reforma al Cootad establece que los GAD deberán destinar al menos el 65 por ciento de su presupuesto a inversión en obras a partir de 2025, porcentaje que subirá al 68 por ciento en 2027 y al 70 por ciento en 2028.
Autoridades locales advirtieron que el nuevo esquema no reconoce el costo del personal técnico y operativo que participa en la ejecución de proyectos, lo que podría afectar proyectos sociales.
Entre quienes presentaron acciones legales está la viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere, quien argumentó que la reforma pondría en riesgo programas como Warmi Imbabura, una iniciativa que el último año brindó más de nueve mil atenciones médicas, el 70 por ciento a mujeres.
“Esto no se trata de decir que la inversión social es un lujo o un gasto, porque es un tema de sobrevivencia. Detrás de cualquier cifra hay mujeres”, afirmó.
La Plataforma Cultural del Ecuador informó que este miércoles trabajadores del sector artístico acompañarán la presentación de otra demanda de inconstitucionalidad contra los cambios al Cootad, medida que “golpea a los territorios y a la vida cultural del país”.
La segunda norma cuestionada, con al menos cuatro demandas ante la Corte Constitucional, es la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, presentada por el Gobierno como una reforma para actualizar el marco regulatorio del sector.
Entre los puntos más controvertidos figura la sustitución de la licencia ambiental por una autorización ambiental y la posibilidad de ampliar actividades mineras, incluida la extracción pétrea en Galápagos.
En el ámbito energético, la ley abre la puerta a la participación excepcional de empresas privadas, compañías estatales extranjeras y organizaciones de la economía popular y solidaria en proyectos de generación eléctrica.
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